La Corte Suprema cree que el proyecto de ampliación de la cantidad de miembros que anunció esta semana un grupo de gobernadores peronistas fracasará. Con esa certeza, el máximo tribunal decidió llamarse a silencio sobre la iniciativa. “No opinamos sobre lo que hacen otros poderes”, responde esa suerte de nueva mayoría automática que componen la troika Horacio Rosatti-Carlos Rosenkrantz-Juan Carlos Maqueda.

¿Podría la Corte, en este escenario, asestarle un nuevo mandoble al gobierno, haciendo lugar a la medida cautelar que le pidió el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su disputa por los fondos para las fuerzas de seguridad?  Fuentes judiciales aseguran que la decisión está cercana (acaso esta misma semana) e incluso pronostican que será unánime a favor del reclamo que capitanea Horacio Rodríguez Larreta.

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En ese contexto, el silencio elegido por los jueces de la Corte ante la insinuación de una ampliación del tribunal es una postura que cabalga sobre la frustración recurrente del gobierno en todos los proyectos de cambios y reformas judiciales que intentó en sus casi dos años y medio de mandato.

Si no pudo con la ampliación del fuero federal porteño, ni con la designación de un nuevo procurador, ni con la continuidad de los jueces movidos a decreto por el expresidente Mauricio Macri, ni con la reforma del Consejo de la Magistratura, ni siquiera con la reemplazante para la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco, ¿por qué ahora sería diferente?

Pese a su carácter federal y el empuje de los gobernadores peronistas (a los que podrían sumarse algunos más, incluso opositores), la iniciativa –están convencidos– tampoco saldrá. “Anunciaron de todo. Todo lo dieron por hecho. No pasó nada”, resumen desde una posición de fuerza desafiante, casi como la que proponía una vieja canción de Joan Manuel Serrat: “A ver quién es el que la tiene más grande”.

Ricardo Lorenzetti históricamente estuvo de acuerdo con una Corte de cinco miembros. Sus colaboradores recuerdan que incluso debatió y argumentó con éxito sobre el tema con el difunto expresidente Néstor Kirchner. Pero la coyuntura obliga a un replanteo pragmático.

En este escenario, en el que vislumbra que hay no ya un alineamiento sino casi un sometimiento al poder real por parte de sus colegas, aseguran que no vería con malos ojos una ley que ampliara el número más allá de los cinco actuales (cuatro, en la realidad). 

En resumidas cuentas, la que decide es la política. En ese juego de mayorías y minorías atravesado por la grieta reposa la principal dificultad de aprobar una ley ampliatoria del número de jueces de la Corte. Pero aun si ese valladar se superara con un improbable acuerdo político, el control de constitucionalidad de una ley ampliatoria lo tendrá en última instancia la propia Corte.

¿Se animarán estos jueces a voltear una ley en un tema que los involucra tan directamente? “Seguro”, considera la minoría; “Se verá”, no descarta la mayoría.

Esta semana, después de fracasar en el intento de un acuerdo amistoso, el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires remitieron a la Corte sus informes escritos sobre lo que cada uno sostiene sobre el reclamo que los enfrenta. El tema ya se comenzó a debatir y los tiempos para una resolución parecen acelerarse. Se trata del dinero que el expresidente Macri le había dado a la Capital Federal cuando el traspaso de la policía, al inicio de su mandato, y que Alberto Fernández le devolvió a la Provincia de Buenos Aires durante la pandemia y ante una situación de incendio en la Policía Bonaerense.

Una cautelar no resuelve el reclamo de fondo. Pero cuando salga, unos festejarán y otros quedarán nuevamente al borde del nocaut en el centro del ring. ¿Una decisión de esa naturaleza podría convencer a los gobernadores de apurar el proyecto? En definitiva, serán las billeteras de sus provincias las que terminarán sintiendo el impacto de un eventual fallo adverso.

En este contexto, Horacio Rosatti se exhibe muy cómodo en su papel de acumulador de poder. Ya comenzó a imprimir su sello en el Consejo de la Magistratura y percibe que a sus espaldas comienzan a encolumnarse jueces alineados con referentes distintos y hasta antagónicos. Tal vez sea así. O quizá, cada cual atiende su juego y reacomoda circunstancialmente sus fichas en el lugar donde por ahora mejor calienta el sol.

Carlos Rosenkrantz, por su parte, se ha convertido en una pieza clave en este acotado tablero de ajedrez. También él opta por el silencio ante la movida de los gobernadores, pero es quien más claro tiene el sentido de pertenencia y la orientación de sus decisiones. Actuales y futuras.

Rosenkrantz, por sus vínculos pasados como abogado privado, no puede intervenir actualmente en un centenar de causas, en muchas de las cuales se juegan poder y dinero, en serio y del grande. Para romper con el cepo de la excusación o la recusación necesita un aval de tres votos y en este caso no podría votarse a sí mismo, como sí lo hizo en la elección de presidente y vicepresidente de la Corte, a fines de septiembre de 2021. Suponiendo que Rosatti y Maqueda lo avalen, le falta un voto. Y Lorenzetti no se lo dará.

Maqueda, en tanto,  atraviesa una situación compleja. Su salud le jugó recientemente una mala pasada y lleva dos décadas en el tribunal. Aspira a una salida con bronce del máximo tribunal y cree que la merece. Pero sin él no hay mayoría de tres. Ergo, el bronce debe esperar.

En este escenario, la iniciativa de los gobernadores representa para los jueces que manejan la Corte una ráfaga de balas de salva. Acaso puedan hacer mucho ruido, pero no tienen capacidad para impactar en el blanco. Sienten que el poder de fuego real lo tienen ellos, y están dispuestos a usarlo casi sin piedad. «