A través de una nueva acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación invalidó al Tribunal Oral Federal 9 de la Ciudad de Buenos Aires, encargado llevar adelante los juicio contra Cristina Fernández de Kirchner por “la denuncia de Nisman” y por la distribución de la obra pública. También había caído en ese tribunal –que en los pasillos del Poder Judicial es conocido como el “Tribunal M”- la causa contra Lázaro Baez conocida como “la ruta del dinero k”.

En su fallo, la Corte ordena “dejar sin efecto los sorteos de las causas que hubieren sido asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°9 de la Capital Federal y ordenar que se practique de forma urgente un nuevo sorteo de dichas causas”. Además, le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que “se abstenga de realizar actos que exceden su ámbito de competencia” como “sortear causas tribunales que no cuenten con la previa habilitación” de la Corte.

El mismo día que fue sorteada la causa por el Memorándum con Irán, renunció el fiscal de este Tribunal, Carlos Giménez Bauer. Dimitió antes de saber que debía intervenir en el juicio contra la ex mandataria y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros. En rigor, Giménez Bauer –quien ese día trabajó normalmente- planteó su renuncia casi en simultáneo a saber que el Tribunal Oral número nueve, convertido ahora por decisión de la gestión judicial de Cambiemos en Tribunal Oral Federal.

El tribunal número nueve era un tribunal de competencia ordinaria. Como los tribunales orales federales son pocos, entonces por impulso del oficialismo y con la venia del Consejo de la Magistratura pasó de juzgar robos comunes, hombres golpeadores, homicidios en riña y delitos de esa naturaleza, a tener competencia para determinar qué funcionarios (ex funcionarios) deben ir presos.

De la misma manera que en el gobierno anterior, desde sectores internos del Poder Judicial, se hablaba de “tribunales K”, hoy el oral número nueve es considerado, en la interna de los ámbitos judiciales, como un “tribunal M”. El calificativo acaso sea injusto, pues aún no ha intervenido en ningún expediente de relevancia política. Pero, en todo caso, goza de una protección mediática importante: las sospechas y cuestionamientos de origen que son moneda frecuente en la interna judicial no tienen correlato en los medios de comunicación.

Todas estas causas deberán volver a ser sorteadas.