Fueron solicitados a la Oficina de Captación de Comunicaciones y al juez Ariel Lijo. Mientras el organismo destacó la "confidencialidad" del procedimiento y la "reserva absoluta" de la información, el magistrado informó que denunció la difusión de los audios ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal.
Por su parte el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, también presentó un escrito ante otro pedido de la Corte Suprema por la misma causa, donde entre otros puntos informó que denunció la filtración de los audios ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, para que se investigue.
La Dirección enfatizó en su escrito de 18 páginas que el organismo actúa únicamente a requerimiento de la autoridad judicial competente y dentro de los límites estipulados por la norma. Además, informó que se dispuso la elaboración de un sistema de auditoría interno a los efectos realizar controles integrales respecto de la totalidad de los procesos llevados a cabo en el organismo. También, consignó que adicionalmente, la totalidad del personal que presta funciones para la Dirección, ha firmado un compromiso de confidencialidad a través del cual se compromete a no divulgar información a la que pudiera tener acceso con motivo de las tareas que desarrolla el organismo. El eventual incumplimiento de ese contrato acarrea necesariamente las sanciones penales estipuladas en la ley 25.250 y sus modificatorias advirtió.
El juez Lijo, por su parte, señaló en su presentación que al día de la fecha (NR: 8 de febrero según se desprende de la fecha de presentación del escrito) , no existe en el expediente ningún planteo de las partes respecto de la validez de las intervenciones telefónicas practicadas además de informar que en el día de ayer he realizado la denuncia ante la Excelentísima Cámara en lo Criminal y Correccional Federal para que se investigue la filtración de los audios con las escuchas que fueron ordenadas en el presente expediente.
El petitorio de la Corte Suprema obedece a una presentación de Parrilli del lunes 7 de febrero. Y destaca el documento que el reclamo del ex secretario de la Presidencia durante la gestión de Cristina es por el conocimiento público que tomaron esas conversaciones que pertenecerían a interceptaciones telefónicas efectuadas en el marco de la causa CFP 481/16, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo.
El caso tomó nueva resonancia a raíz de que el juez Lijo decidió procesar a Parrilli por el presunto encubrimiento, cuando se desempeñaba como titular de la AFI, de Ibar Pérez Corradi mientras el empresario farmaceútico (supuesto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez) estuvo prófugo de la justicia. Mientras tanto, el fiscal Guillermo Marijuan pidió la detención del hombre de confianza de la ex mandataria al considerar que puede fugarse o entorpecer el avance de la causa, según los considerandos de esa presentación.
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