La democracia argentina está bajo asedio. Un juez del fuero criminal nacional-no el federal-que transita los tribunales hace décadas le dijo a este medio: “Acá las paredes hablan. Hace un año que se sabe que habrá una condena contra Cristina”. Se refería a la denominada Causa Vialidad, que entrará en la última etapa del juicio oral en agosto.

Las supuestas irregularidades que se investigaron en el extenso juicio consisten en haber beneficiado al empresario santacruceño Lázaro Báez con contratos para la construcción de rutas en la provincia patagónica. El núcleo de la acusación, si se comprobase, recaería sobre las autoridades provinciales. El trabajo de varios peritos demostró que son inconsistentes las pruebas de la parte acusadora. Sin embargo, todo indica que habrá alguna contorsión jurídica para que el rayo caiga sobre CFK.

La Corte, en el fallo del pasado 21 de junio, en el que rechazó los pedidos de nulidad de la vicepresidenta en esta causa, determinó que la sala de la Cámara de Casación que revisará la sentencia del tribunal oral será la que integran los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, es decir, uno de los magistrados a los que le gustaba ir a jugar al paddle a la Quinta de Olivos cuando Mauricio Macri era presidente. Entre raquetazo y raquetazo urdían la estrategia de persecución contra los adversarios del entonces presidente.      

Cuando el juez Sergio Moro construía la cacería contra Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil tenía un chat con los fiscales. Violaba por completo el principio del juez imparcial. Esas conversaciones se filtraron en el portal The Intercept en la segunda mitad del 2019. El fiscal que llevaba la acusación contra Lula, Deltan Dallagnol, reconocía: “Van a decir que estamos acusando sobre la base de una noticia de un diario y con indicios débiles. Entonces hay que atar el tema a algo bien fuerte. La ligazón entre Petrobrás y el enriquecimiento. Tenemos que preparar las respuestas correspondientes y tenerlas listas en la punta de la lengua”.

Todo suena tan familiar. El juez que habló con este medio sostuvo que “el fiscal de la Causa Vialidad (Diego Luciani) andaba llorando por los pasillos de tribunales porque no tenía pruebas”. 

La idea de proscribir a CFK para que no pueda volver a ocupar cargos públicos parece más orquestada por poderes fácticos que por sectores políticos. Juntos por el Cambio tiene dirigentes que miran con añoranza el autoritarismo. Sin embargo, son muchos los que hacen una evaluación acertada sobre el efecto boomerang de una proscripción. Cuando Macri se entusiasmaba con ver a CFK tras las rejas, Jaime Durán Barba le recordaba que Cristina tenía una base electoral del 35% a nivel nacional y que si la detenían subiría de inmediato al 45 por ciento.

La derecha suele ser obtusa (no siempre). Ni siquiera el recorrido de Lula, que pasó de expresidente detenido en una celda de 15 metros cuadrados a estar muy cerca de volver a gobernar Brasil, parece haber logrado que se abandone del todo el objetivo autoritario.

En este contexto reapareció un personaje que para los menores de 35 años puede parecer parte de la era en que los dinosaurios dominaban el planeta, pero no es así. El excoronel Aldo Rico, que lideró el levantamiento militar carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín, subió un video en las redes sociales. Estaba sentado en un sillón marrón con una estatua de la Virgen de Luján apoyada en una mesa a su lado. Hizo una convocatoria “a reunión, como se hace antes de la batalla”. En un tono golpista de manual, sostuvo que “la patria está en peligro” con “piqueteros en las calles” y reivindicó, como siempre, su rol en la guerra de Malvinas, pero también la “guerra contra la subversión”, es decir, el terrorismo de Estado.

Son demasiados los factores que confluyen. La retención de granos por parte de los productores agropecuarios le suma nafta al fuego. No importa si los ruralistas son parte de un complot planificado. Sus acciones tienen un impacto político indudable que incrementa el asedio a la democracia.   «