La presentación fue previa al anuncio de investigación del FMI que informó Sergio Massa. Entre las firmas se encuentra el Grupo Clarín, ARCOR, Telefónica, Monsanto y Pampa Energía, entre otras
La denuncia presentada ingresó el pasado 18 de octubre a la UIF, con el acompañamiento de más de 500 firmas, entre las que se encuentran: Claudio Lozano (ex Director del Banco Nación); Jose Sbattella (ex director de la UIF); el economista y profesor universitario Horacio Rovelli; la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE); Angélica Graciano, titular de la UTE; Eduardo López, Secretario General Adjunto de CTA CABA; y varios referentes sociales y agrupaciones como el Movimiento Octubres; La Simón Bolívar; La Liga argentina de DDHH de Santa Fe; Geronimo Moyano, secretario de Relaciones Institucionales de la SFGB/Peronista; La APDH Neuquén; la Red de Mujeres Argentinas; el Frente Grande, entre otras organizaciones y colectivos.
El pedido de investigación, basa sus argumentos en el informe del BCRA «Mercados de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019», presentado en mayo de 2020, donde detalla que 6.693.605 personas físicas y 85.279 empresas compraron 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos. Asimismo, destaca que los 100 mayores compradores de dólares son sociedades anónimas y adquirieron 24.679 millones de dólares. Cabe destacar que ni el BCRA (que armó el listado), ni el gobierno nacional, dieron a conocer los nombres de los que compraron las divisas que ocasionó la deuda del Tesoro de la Nación durante la gestión de Cambiemos.
«Antes del 10 de diciembre de 2015, la deuda superaba los 128.000 millones de dólares, pero el 60% era intra-sector público. Por lo tanto, la deuda externa, neteada de lo que era el sector público, estaba en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, en poder del Banco Nación, y no llegaba a ser de 90.000 millones de dólares, y durante el gobierno de Cambiemos se duplicó esa deuda. Gran parte de ese dinero, de acuerdo al informe del BCRA fue a parar a 100 empresas», contó a Tiempo el economista, profesor universitario y ex funcionario del ministerio de economía, Horacio Rovelli que, además, que investigó los balance de las empresas.
Varios medios tuvieron acceso a la lista de las empresas que compraron y fugaron esos miles de millones de dólares, entre las que se encuentran: Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA con 903,9 millones de dólares; y se le suma la firma privada Monsanto Argentina SA; Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Ternium Argentina SA, Tecpetrol SA y Transportadora Gas del Norte SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tuvo la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza; Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny; el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otras privadas.
«También sabemos, por el informe que publicó El Cohete a la Luna, que esas 100 empresas compraron 24.769 millones de dólares. Ninguna de esas firmas pudieron demostrar en sus balances de dónde sacaron los recursos para comprar la cantidad de dólares que compraron. El caso más flagrante: Telefónica Argentina, compró 1.248 millones de dólares, durante dos años tuvo perdida. Los balances muestran en las cien empresas una total inconsistencia. No pueden demostrar los dólares que compraron porque no lo hicieron con plata legal, lo hicieron con la plata que cobran en negro», agrega Rovelli.
Todo indica que los bancos le vendieron las divisas a las empresas y a las personas sin tomar los recaudos que exige la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos que los obliga exigir a los compradores de divisas en el período 2016-2019, el origen de los fondos y no lo hicieron. Rovelli asegura que, revisando los balances de una muestra de 10 de las 100 empresas se puede apreciar la inconsistencia para comprar la cantidad de dólares que se denuncian en la lista, lo cual es una sospecha de lavado de dinero.
Por su parte, el ex director de la UIF, José Sbatella, en diálogo con Tiempo afirmó que «el tema de la triangulación que en este momento se está poniendo sobre el tapete, es un tema que siempre preocupó, en el esquema de averiguar quiénes son los beneficiarios finales y cómo se sigue el camino». Sbatella, que actualmente dirije el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos presentó un informe donde se analizaba cómo hacían las empresas para generar precios de transferencia a un país que tuviera baja o nula capacidad de cobrar impuestos como es el caso de Uruguay.
«Ahí se produce una triangulación donde a veces la mercadería no va al lugar que informaron. Las cargan y van al destino final pero en el medio aparecen empresas Cáscara como si hubiera pasado por un lugar, en este caso por Uruguay pero también se hace con Paraguay o con empresas de las mismas características en otros lugares», agrega y suma: «en la Argentina casi todos tenían empresas, por lo menos los que nos tocó a nosotros investigar en la UIF, ligadas a importación y exportación donde aparece la triangulación, pero en muchos casos la triangulación no es con bienes de origen lícito sino vinculados a la droga o de tráfico de armas, así que es muy importante que la metodología de investigación se profundice y aparezcan los beneficiarios finales y se muestre cómo están funcionando esas empresas cáscara».
El pedido presentado ante la UIF para que investigue el destino de los miles de millones de dólares de la deuda que contrajo Macri con el FMI, incluye, entre cientos de empresas, al Grupo Arcor, cuyo Presidente del Directorio es Luis Pagani y son miembros su familia y el matrimonio compuesto por Víctor Daniel Martín (quién estuvo a cargo de la dirección ejecutiva de Arcor SAIC y ahora es uno de los integrantes del directorio de esa empresa y del Grupo Arcor SA) y Claudia Elena Bassano, quienes poseen el 99,68% y 99,68% de participación en el capital y en los votos respectivamente.
Según el documento, el Grupo Arcor SA aparece en el listado de marras comprando divisas en los años 2016-2019 por medio de dos de sus empresas controladas: Arcor SAIC adquiere 255.016.559 dólares estadounidenses y, Bagley Argentina SA compra 105.700.041 de la misma divisa. La Memoria y Balance General del Grupo Arcor SA describe que colocó en ese lapso dos obligaciones negociables (deuda que puede convertirse en acciones de la sociedad deudora) por un total de 500 millones de dólares (350 millones de dólares el 6 de julio de 2016 y 150 millones de dólares más, el 19 de junio de 2017, ambas obligaciones negociables con vencimiento el 6 de julio de 2023).
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si el informe es de principios del 2020, esperar tanto para proceder, NO es buena señal. Tarde NO sirve. DirectTV es lavado de dinero. Techint reutiliza numeración de pedidos para NO demostrar lo q fabrica, aunque con fecha de entregas de bobinas al año 2500, claramente el negocio financiero es más importante. Para ser un país serio, las acciones deben ser tomadas en tiempos prudenciales y cortos.