Ayer se designaron los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura tras la asunción de Horacio Rosatti como presidente y asumieron cuatro de las seis personas nombradas. De esta manera, quedó conformada con veinte cargos y se volvió a la composición anterior como ordenó la Corte Suprema. Esta tarde, el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, presentó un amparo para pedir la nulidad de la designación de la diputada radical Roxana Reyes. Tiempo habló con constitucionalistas y expertos para saber cómo continúa el funcionamiento de la entidad que elige y remueve jueces y juezas.

Con la nueva composición, ni el oficialismo ni la oposición tienen capacidad propia para imponer sus decisiones. Se necesitan 12 integrantes para tener el quórum y 14 votos para decisiones más relevantes. Hasta el momento, ninguno de los sectores lo tiene. Ayer juraron la abogada Jimena de la Torre, la jueza en lo Civil Agustina Díaz Cordero, la decana de Derecho de la Universidad del Sur, Pamela Tolosa, y la abogada María Fernanda Vázquez. Quedan pendientes las juras de Reyes y de Martín Doñate, espacio que surgió tras la decisión del Frente de Todos de dividir el bloque en el Senado. Ante este panorama, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que “ninguno tiene una mayoría propia con lo cual van a tener que llegar a puntos de consenso para que pueda funcionar”.

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Con respecto a la jugada del oficialismo en la cámara alta, Gil Domínguez recordó las acciones similares que tuvieron otros partidos en los años anteriores. “Desde un punto de vista de lo que sería la ética y la transparencia institucional, es una maniobra que no representa la mayor intensidad posible. Desde el punto de vista de la práctica, esto fue lo que hicieron Juntos por el Cambio en el 2015 y el Frente Renovador en 2018 para constituir mayorías al solo efecto de la designación en el Consejo de la Magistratura. En la medida en que el presidente les tome juramento, se termina el tema”, indicó.

Sobre esta situación, Sebastián Pilo, abogado y co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostuvo que “independientemente de la conformación circunstancial de los bloques, resulta importante que al Consejo puedan ingresar espacios políticos que representen a terceras fuerzas -tal como preveía la Ley 24.937-, lo cual no se satisface si se sobrerrepresenta a cualquiera de las dos espacios políticos actualmente mayoritarios (ya sea designando a tres miembros del Frente de Todos, tal como ha ocurrido; tanto como designando a dos miembros de Juntos por el Cambio, según la propuesta alternativa que se había formulado)”.

Cómo sigue el funcionamiento del Consejo

Pilo considera que la entidad tiene varios temas en los que trabajar. “Tiene una agenda pendiente, que incluye el avance de los concursos para la designación de numerosos cargos aún vacantes, el funcionamiento adecuado de los procesos disciplinarios contra magistradas y magistrados (que actualmente muestran serios problemas y demoras), la implementación de políticas de transparencia y justicia abierta (como, por ejemplo, la casi inexistente estadística judicial sobre el funcionamiento de juzgados y cámaras), entre otras. Sería deseable que estas agendas se reactiven en los próximos meses, y se avance en reformas estructurales de los procedimientos de selección y sanción, para reducir los márgenes de arbitrariedad que actualmente existen”.

Mientras tanto, en el Congreso está el proyecto de reforma que envió el Ejecutivo y que tiene media sanción en el Senado. “El Congreso de la Nación tiene que establecer una nueva ley que dé el marco de regulación general con los parámetros que estableció el fallo de la Corte Suprema en cuanto al equilibrio de su composición, algo que el proyecto que vino de Senadores lo contempla y lo respeta.  Esa propuesta no sería óptima desde mi perspectiva particular porque hay muchas cosas para mejorar, pero sí es un proyecto adecuado en cuanto cumple con los parámetros que estableció la Corte”, afirmó Gil Domínguez.

“Es muy parecido, casi idéntico al que había elevado Macri en el 2018 y responde a la idea de la interpretación constitucional hecha por la Corte”, agregó el letrado.

Al igual que Gil Domínguez, Pilo considera que la nueva norma debería ir más allá de la composición como dispuso el máximo tribunal. “La nueva ley no debería limitarse a definir una nueva integración que se adecue al mandato constitucional de equilibrio, sino que debería atender muchas de las reformas que hace años están pendientes. Por ejemplo, la dedicación exclusiva de las y los consejeros, la reforma de los procesos de selección y disciplinarios para evitar arbitrariedades, un plan de incorporación gradual de competencias por parte del Consejo que prevé el artículo 114 de la Constitución, entre otras”, indicó.