Dentro de la agenda de propiedades que el Congreso debe tratar en lo inmediato está la prórroga por cuatro años de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que vence el mes próximo y que prohíbe el desalojo de las comunidades de todo el país. Octubre será el mes en el que los representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil pondrán sus ojos en el Poder Legislativo.
El proyecto tiene dictamen en el Senado, pero no fue incorporado en la última sesión que se llevó a cabo el pasado 6 de octubre. En el oficialismo resaltan que hay una decisión política en ambas cámaras de sancionar la ley lo antes posible teniendo en cuenta lo ajustado de los plazos, ya que la vigente vence el 23 de noviembre.
Por esta razón, en el último encuentro de los senadores en el recinto fue la autora del proyecto, la salteña Nora Giménez, quien pidió una moción de preferencia para que se garantice su tratamiento en la próxima sesión que se convoque mientras afuera en la Plaza de los dos Congresos distintas comunidades indígenas se movilizaban reclamando el reconocimiento de sus derechos. Lo cierto es que por ahora no hay miras de que haya una nueva sesión en el Senado y se pone en duda si se abrirá el recinto antes de las elecciones generales de noviembre.
El dictamen que contó con el aval del oficialismo y no fue acompañado por el espacio de Juntos por el Cambio, propone la prórroga de tres artículos de la Ley 26.160 de modo que se protejan de desalojos las tierras que habitan los pueblos originarios, y al mismo tiempo que el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) continúe con el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de los terrenos que ocupan las distintas comunidades. Por último, indica que el Poder Ejecutivo Nacional deberá asignar las partidas presupuestarias que fueren necesarias y suficientes para atender al Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas.
En diálogo con Tiempo Argentino, la diputada del FDT de Salta Verónica Caliva destacó que la normativa “es fundamental para continuar con los relevamientos y que cada comunidad pueda tener sus carpetas técnicas. Además, el presupuesto es fundamental para los equipos jurídicos en los territorios, para toda la movilización que hace el Estado trabajando en cada una de las provincias a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo que preside actualmente la ex senadora Magdalena Odarda.
Caliva es autora de un proyecto de ley que propone crear en la Cámara de Diputados una comisión abocada completamente a las causas indígenas: “Más allá de que el Estado tiene que hacer una reparación de territorios, hay una cantidad de demandas, como el tema de las lenguas madres, educación y salud intercultural o trabajo, que para el instituto son de gran desafío”, agregó la salteña.
Además, recordó que “lamentablemente hubo un párate durante la gestión de Macri, en la que no solo no se avanzó, sino que todo quedo cajoneado. Han sido años muy difíciles en materia territorial para las comunidades que han sufrido hostigamientos, avasallamiento de los derechos de los pueblos indígenas, ya que siempre hay disputa en las provincias que atenta contra sus derechos”
La actual ley fue sancionada en 2006 y extendida por cuatro años más en 2009, 2013 y 2017. Con este proyecto, se busca que se prorrogue hasta el 23 de noviembre de 2025. Según un informe publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en febrero de 2021, unas 1756 comunidades originarias fueron registradas dentro del territorio de la República Argentina e inscriptas en el INAI, de las cuales 989 ya tienen sus carpetas técnicas y 767 son las que restan relevar, principalmente ubicadas en el norte del país.
El pasado 12 de octubre, comunidades y organizaciones indígenas realizaron un «abrazo» al Congreso y entregaron un documento con las conclusiones de charlas y debates que incluyó el tema de esta ley y la descolonización, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Además de la prórroga de la ley 26.150, pidieron la inclusión de partidas presupuestarias y la exigencia a los gobiernos de implementar la norma.
Desde que asumió, el presidente Alberto Fernández prometió que en su gobierno se iba a fortalecer el rol de sujetos de derechos de los pueblos originarios y de las comunidades migrantes con el fin de terminar con la mirada estigmatizante, la acción persecutoria y los discursos de odio.
En una de las aperturas de la Asamblea Legislativa en el Congreso, Fernández adelantó que el Censo Poblacional 2020 -postergado por el Covid-19- por primera vez se preguntará sobre el auto reconocimiento de pueblos indígenas, de ascendencia o pertenencia a pueblos originarios, y de la población afrodescendiente, en todos los hogares.
En Argentina, existen más de 38 pueblos originarios reconocidos por el Estado Nacional y se siguen hablando más de 14 lenguas indígenas, según estudios realizados por el Centro Universitario de Idiomas (CUI) y registros de las Naciones Unidas. «
