El abrupto incremento de la curva de contagios de coronavirus durante los primeros días de 2021 confirma que la segunda ola de la pandemia arrancó junto con el inicio del año electoral. En agosto y en octubre, el oficialismo buscará revalidar lo conquistado en 2019 y la oposición intentará recuperar el terreno perdido luego de la derrota de Mauricio Macri. La búsqueda no será fácil, porque Juntos por el Cambio afronta una fuga de votos hacia posiciones de ultraderecha y sus principales dirigentes redoblarán la estrategia de disputarle al Gobierno cada punto de la agenda pública, especialmente temas sanitarios tan sensibles como la nuevas restricciones para evitar el brote o la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V. 

En el PRO defienden la estrategia por dos razones: es la continuación del método utilizado el año pasado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich para afrontar el primer año de la derrota con una confrontación discursiva en todos los frentes posibles. Cuenta con el aval de Macri y, si bien no es compartida por todos los sectores del partido amarillo, ahora suma a la mayoría de la dirigencia del radicalismo y la Coalición Cívica. 

Los dividendos políticos del endurecimiento también son preventivos en materia electoral, porque dentro del 30% de votantes de Juntos por el Cambio, que configuran su núcleo duro, hay un sector que les reclama una virulencia aún mayor, especialmente en la ideologización de cuestiones de salud pública, a pesar de la existencia de datos que demuestran lo contrario. El señalamiento del «cuco» libertario para sostener posiciones ultramontanas le viene como anillo al dedo a Bullrich para redoblar la apuesta. Dirigentes como Yamil Santoro ya anticiparon que apoyarán cualquier desobediencia civil contra las nuevas restricciones para controlar un posible «toque de queda» sanitario.  

No son los únicos que buscan esmerilar las nuevas medidas. El empeño que invierten diputados, senadores y dirigentes de JxC por construir un manto de sospecha sobre la vacuna rusa parecen mas emparentados en anticipar un fracaso del Gobierno antes de las elecciones que ejercer una convencida defensa de la salud y las libertades públicas de la población en medio de la pandemia. 

Quizás sea un costo lateral o el primer envión de un búmeran, pero luego del cierre del año que hizo el oficialismo, con la aprobación de la legalización del aborto, la nueva fórmula jubilatoria y los gestos de unidad de todas las tribus del peronismo, la principal alianza opositora reaccionó aferrándose a demoler la estrategia sanitaria de la Casa Rosada en un momento donde las preocupaciones y los temores vuelven a superar los límites de su propio electorado. 

Por ahora se desconoce el alcance de la estrategia corrosiva para este año, pero en los primeros días del 2021 también sirvió para desviar la atención de otros frentes incómodos para el macrismo, como las críticas que le llovieron al intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, por la pérdida de la cadena de frío en la refrigeración de 400 vacunas Sputnik V. El jefe comunal se desliga y asegura que todo depende del gobierno provincial, pero es muy difícil que un intendente no tenga incidencia en una cuestión de esa envergadura dentro de su territorio. Una sospecha tan grande como la que afronta el intendente platense Julio Garro por la presunta manipulación de imágenes que fueron captadas por las cámaras de videovigilancia de su municipio, durante el incidente que protagonizó la funcionaria y diputada bonaerense del PRO, Carolina Píparo junto a su marido, cuando atropellaron y arrastraron a un motociclista, poco después de un asalto. 

En el radicalismo esas esquirlas no golpearon y sus principales dirigentes, como el diputado mendocino Alfredo Cornejo, también aumentaron la presión en los mismos frentes sanitarios. La precursora fue Elisa Carrió. Hace una semana, luego de confirmar una nueva candidatura como diputada de la Coalición Cívica defenestró la vacuna del instituto ruso Gamaleya y aseguró que no se la pondría.  

Sin embargo, como en otros oportunidades, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta deja jugar al sector más duro y, entre conveniencia y necesidad, se justifica ante el riesgo de la fuga de electores a manos de figuras ultraliberales, como los economistas José Luis Espert y Javier Milei. 

Esa encrucijada revela uno de los debates que atraviesa a la coalición de derecha: evitar que la tosquedad y virulencia de su discurso opositor los deje a merced de un sector duro que  pide castigar al oficialismo en lo que sea. Parte de ese fenómeno lo describió el titular de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, durante la última sesión del año, realizada el 29 de diciembre para tratar la nueva fórmula jubilatoria. «Se han vuelto muy previsibles, porque su electorado no les exige otra cosa más que insultarnos a nosotros», les enrostró en el recinto. «Insúltennos todo lo que quieran, porque eso nos confirma que les vamos a ganar», prometió el diputado para meter el dedo en la llaga y anticipar su rechazo a una estrategia que este año comenzó recargada por la carrera contra el tiempo entre la pandemia, la vacuna y las elecciones.