La Fiscalía Federal de Esquel informó que se ha iniciado una causa penal para investigar las filtraciones de fotografías del cuerpo sin vida de Santiago Andrés Maldonado tomadas por orden judicial en el marco de la causa FCR 8233/2017 caratulada “Maldonado Santiago Andrés s/Habeas corpus”.

En el trámite del proceso la Fiscalía reunió elementos que permitirían acreditar que el responsable de la filtración sería el médico de la Policía Federal Argentina Werther Augusto Aguiar, quien participó del procedimiento de recuperación del cuerpo del río Chubut y su resguardo en la Morgue de la ciudad de Esquel.

También podés leer: «Si nadie hubiera salido a la calle, todo habría quedado ahí»

El objeto de la investigación es determinar la responsabilidad que le cabe al imputado en virtud de lo dispuesto en los arts. 156 y 157 del C.P., que sancionan a quien “teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa” y “el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.

Se recuperaron las fotografías tomadas por las otras tres personas que tenían autorización para hacerlo y ninguna de ellas se corresponde con las que se viralizaron por las redes sociales. Sin perjuicio de ello, se secuestró el celular del imputado y se ordenó su peritaje con el objeto de establecer si existen o existieron en el aparato de telefonía celular fotografías extraídas el día 17/10/2017 o 18/10/2017 del cadáver de quien en vida fue Santiago Andrés Maldonado; si fueron borradas; si fueron enviadas por alguna aplicación, mensajes de texto o correo electrónico; y, en caso afirmativo, que se extraiga toda la conversación del día en que fueron enviadas y los tres días posteriores.

En la causa se tomaron diversas declaraciones testimoniales, se agregaron soportes fílmicos y fotográficos que ubican al imputado tomando las fotografías, se recopiló la información relativa al sumario administrativo labrado de rigor por las autoridades de la Policía Federal Argentina y se recabaron informes de instituciones públicas sobre elementos de interés para la investigación.