El Tribunal Oral Fderal número 1 excarceló hoy al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en la última de las causas en las que pesaba sobre él la prisión preventiva: las presuntas irregularidades en la explotación de la mina de Río Turbio.

Después de más de dos años preso, De Vido quedó en libertad “bajo caución juratoria y con la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación”.

Eso significa que no debe pagar fianza alguna y que alcanza con su palabra para asegurar que estará “a derecho”, no se profugará y se presentará ante el tribunal todas las veces que sea requerido.

La decisión fue adoptada por los jueces Adrián Federico Grunberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico. Ese mismo tribunal le había rechazado a fines del año pasado un pedido de excarcelación que formularon sus abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.

De Vido concurrirá mañana a notificarse de la resolución, de 18 páginas, firmada hoy por el tribunal que -en fecha por determinar- deberá celebrar el juicio oral. El proceso continúa. Lo único que cesó fue la prisión preventiva, que el ex ministro venía cumpliendo desde el 25 de octubre de 2017.

Si bien De Vido está imputado en otras causas, el tribunal concluyó que “no interesa la detención del imputado en los otros procesos que registra”.

Además, apenas cinco meses después (en fallo dividido: Grunberg ya se había pronunciado por la excarcelación), el mismo tribunal advirtió ahora que De Vido “posee vínculos familiares y reside efectivamente en la vivienda donde cumple prisión domiciliaria”.

Desde fines del año pasado, el ex ministro cumple prisión domiciliaria en Puerto Panal, localidad de Las Palmas, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en su chacra familiar. Allí es monitoreado (hasta hoy) por una tobillera electrónica, que le será retirada mañana.

“Teniendo en consideración la imputación que pesa sobre el imputado De Vido en estos obrados, sumado a que el nombrado lleva más de dos años cumpliendo prisión preventiva y que actualmente se encuentra beneficiado con el instituto de la prisión domiciliaria, y toda vez que, se trata de un proceso complejo, corresponde coincidir con la solución propuesta por la Fiscalía General interviniente en autos”, resumieron los jueces.