Algo de eso se juega en la huelga de los obreros que tienen paralizados los puertos de todo el complejo agroexportador de nuestro país desde hace más de dos semanas. El contexto, el país, la anatomía de la clase obrera y el momento histórico no tienen nada que ver, pero las poderosas multinacionales que dominan el sector parece que quieren jugarse “algo más” que una paritaria en esta pulseada que se transformó en el silencioso hecho maldito del país burgués.
Cientos de barcos anclados en las aguas del Paraná esperan en vano porque los trabajadores del cordón agroindustrial tienen totalmente paralizado uno de los núcleos estratégicos del primarizado capitalismo argentino. Paro y piquetes en casi todos las plantas y puertos en una medida unificada de la Federación Aceitera, el Soea de San Lorenzo (Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros) y los recibidores de granos nucleados en Urgara (Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina). Hacia la Navidad se sumaron a la huelga una decena de gremios que conforman la Intersindical Marítima y que operan en las plantas aceiteras (carga y descarga, serenos de buques, personal jerárquico, vigilancia privada, entre otros). La zona núcleo del complejo sojero, una de las vías privilegiadas para la entrada de dólares al país de la escasez permanente está sufriendo los rigores del paro.
Del otro lado están las multinacionales que tienen la llave económica del país y configuran un monopolio privado del comercio exterior: las que están controladas por capitales extranjeros como Cargill, Bunge, ADM, Glencore, Cofco o las se encuentran en manos de empresarios nacionales como Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza (AGD) y la famosa —y nunca bien expropiada— Vicentin. El sindicato que agrupa a los patrones que rechazan el aumento salarial se denomina Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), la entidad que está poniendo el grito en el cielo porque en el Paraná no se mueven ni el agua ni el aceite.
Hasta ahora vienen fracasando las negociaciones y dicen que los empresarios se prepararon para un conflicto largo. Es una época de molienda baja y el trabajo se centra en el acopio y embarque de trigo. Sin embargo, las empresas están bajo la presión de los contratos comerciales y un problema que habita en la frontera entre la economía y la política: el Gobierno tiene necesidad de ingreso de divisas. El pliego de demandas no escrito de las aceiteras y cerealeras incluye beneficios económicos como la baja de retenciones, imponer nuevas condiciones de trabajo y un objetivo que siempre es un sueño eterno de la burguesía agroindustrial: la devaluación. Las conducciones de los sindicatos denuncian que las empresas quieren disciplinar a los trabajadores y desestabilizar al Gobierno, pese a que se vieron beneficiadas por partida doble en el año de la pandemia: por la devaluación en cuotas y el considerable aumento del precio de la soja. En Chicago la tonelada ya alcanzó los US$ 463 y el portal Agrofy News informó que “entre los factores alcistas se encuentra el prolongado conflicto en los puertos de Argentina, a lo que se suman las preocupaciones por el clima adverso en Sudamérica”.
El frente empresario parece tener muy claro que la disputa va más allá de lo corporativo o lo meramente sindical y quiere salir ganador en un conflicto testigo. La cuestión radica en que así lo entiendan y lo asuman también los trabajadores, no sólo los aceiteros, sino los de todo el país.
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