Fueron 1.318 preguntas. Una de ellas decía: ¿Cuánto corresponde a remuneraciones de funcionarios eclesiásticos?. Sentado frente a los legisladores en el Congreso nacional, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, respondió sin evasivas: El presupuesto destinado a sostenimiento de culto católico para el año en curso es de $130.421.300. Luego detalló cuánto cobra cada funcionario eclesiástico. La bola de nieve ya había empezado a rodar cuesta abajo.
Enterados de la millonaria cifra, los diputados del FIT Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra presentaron un proyecto de ley para que se deroguen las normas por las que se sostiene económicamente a la Iglesia. La mayoría de estas leyes vienen de decretos que impuso la dictadura cívico militar que todavía están vigentes, gobierno tras gobierno, cuestionó y justifico el excandidato a presidente de la Nación. González Seligra, por su parte, pidió la inmediata separación de la Iglesia del Estado. La iniciativa propone derogar la Ley 17.032, que homologó un acuerdo suscrito entre Argentina y el Vaticano en 1966.
Luego, desde el oficialismo resaltaron que no se puede no hacer, en relación al pago del subsidio, ya que el Estado se encuentra obligado por la Constitución Nacional. Además, una fuente oficial deslizó que es impreciso decir que el Estado sostiene a la Iglesia y aseguró que los 130 millones no representan ni un 7% del dinero que maneja anualmente la Iglesia, porque, según afirmaron a la Iglesia en realidad la sostienen los fieles.
El acuse de recibo no tardó en llegar. El Arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, aseguró que el aporte económico que recibe del Estado lo gasta en darle a los pobres. Y además le respondió a la voz oficial al mismo tiempo que le reprochó a los fieles: La Iglesia no podría prescindir de eso, es un aporte importante. Hay una deseducación en los files católicos que no aportan, si nos fijamos lo que es la limosna en la misa es una colecta miserable. Los ingresos per cápita de los funcionarios del culto católico oscilan entre $40.950 y $46.800 según la jerarquía. Y que esto se sepa, no cayó para nada bien en los hombres de sotana.
Si bien desde la Iglesia reconocieron que al ser parte de fondos públicos los ingresos no son secretos, la difusión de los montos generó malestar y consideraron que la discusión se planteó en un momento en el que se debería hablar de los problemas económicos y los cuestionamientos éticos a ciertos funcionarios, por lo que calificaron al tratamiento de esta cuestión como una nueva maniobra distractiva.
El aporte estatal que percibe la Iglesia Católica se sostiene por varias patas legislativas:
– La Constitución Nacional, que en su artículo segundo estipula que el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.
– La Ley 21.950 que establece que los miembros de la jerarquía eclesiástica reciban una asignación mensual equivalente a un porcentaje de la que percibe un juez nacional de primera instancia.
– La ley 21.540 que define estas asignaciones como vitalicias.
– La ley 22.162, que habilita al Poder Ejecutivo a otorgar un sueldo a curas párrocos que vivan en zonas de frontera.
– La Ley 22.950, que crea un régimen para promover la formación de los miembros que surjan de la población nativa, brindando un monto que corresponda a la Categoría 10 del Escalafón de Personal Civil de la Administración Pública Nacional para cada seminarista.
– La Ley 22.430, que instituye una asignación para sacerdotes seculares que hayan cumplido 65 años o se hallaren incapacitados y que hubieran desempeñado su ministerio en el país por un lapso no inferior a cinco años. Según esta norma, reciben una asignación equivalente a una jubilación mínima.
Habrá que ver pasa con el proyecto presentado por la izquierda. Pero antes de que nada suceda, Aguer ya sentó su posición al respecto: Si me rebajan o quitan ese dinero me arreglaré como pueda. Pero aquí hay una razón histórica muy fuerte que tiene que ver con el hecho, también histórico, de que la mayoría del pueblo argentino es bautizado en la Iglesia Católica.
