Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger fueron imputados en una causa por «uso fraudulento de Lebacs» y «endeudamiento fraudulento». La misma se inició a partir de una denuncia de legisladores kirchneristas, luego de un picante debate interno.

Héctor Reclade, María Teresa García, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Carlos Morena, Diana Conti y Rodolfo Tailhade firmaron la denuncia el 17 de noviembre. La misma acusa a la cúpula económica macrista de haber operado de manera fraudulenta, a favor de grupos empresarios. Explican que entre diciembre de 2015 y octubre de 2016 el oficialismo forzó la estabilidad del valor del dólar (luego de liberar el cepo) y colocó las tasas de interés de las Lebacs en un valor muy superior al que correspondía. De esa manera, quedaba abierta la ventana para una «bicicleta financiera»: traer dólares, comprar pesos, ponerlos en Lebacs, hacer la diferencia con las tasas al 40% y con ese dinero «inflado» volver a comprar (más) dólares.

En el proceso, se generaron «daños a las arcas del Estado nacional, en beneficio de determinados grupos económicas», según la denuncia. La fiscal Paloma Ochoa solicitó al juez Daniel Rafecas que profundice la investigación.

El debate interno del kirchnerismo tuvo un tono más político que económico y giró en torno a la causa que pesa sobre Cristina Kirchner, por el dólar futuro. Un argumento principal del kirchnerismo sobre esa causa es que no se deben judicializar decisiones de política económica. Esta denuncia contradice ese principio y así fue expresado por un sector liderado por Axel Kicillof. El otro sector veía en estas imputaciones un contraataque adecuado por la causa «dólar futuro», a partir de una lógica pragmática: si una denuncia es válida para la Justicia, la otra, también debe serlo; si no, ninguna lo es. Finalmente, ganó la segunda posición.

La fiscal Ochoa remarcó que, «ante la evidente disparidad entre el valor real del dólar y el precio ficticio que le fuera asignado», los grupos económicos citados «aprovecharon la ocasión para obtener dólares a valores ficticios y sin límite alguno que luego fraguaron del sistema financiero argentino», informó Télam. «Se habría utilizado como herramienta para manipular el verdadero valor de la divisa la emisión de más de 685 mil millones de títulos de deuda de corto plazo (Lebacs) con rendimientos en concepto de tasa de interés que rozaron el 40% anual en pesos». Ante esto, Ochoa hizo referencia a un fallo de la Cámara Federal porteña en la causa del dólar futuro.

Castagneto, uno de los firmantes, expresó a Tiempo que «este tema tiene una diferencia central con el dólar futuro» porque «con las Lebacs, por definición, el Estado genera deuda». «El único objetivo que tenía el Gobierno era mantener el dólar en un valor irreal, para demostrar que la liberación del cepo cambiario no iba a generar una brutal devaluación. Para eso, emitieron una cantidad abusiva de bonos y generaron grandes deudas. En cambio, con el dólar futuro no se genera deuda al país. Entonces, si algo menor como el dólar futuro se judicializa, por qué esto no», se preguntó. Además, remarcó que al interior del kirchnerismo «se debatió y se llegó a un consenso» para ejecutar la medida.

Desde el sector kirchnerista que estuvo en contra de la decisión judicial, explicaron que si bien la «bicicleta financiera» fue real, es difícil imaginar cómo podía haber hecho el Gobierno para alentar la compra de Lebacs y evitar una corrida hacia el dólar, si no colocaba una tasa de interés alta. De hecho, en el último mes bajó esas tasas durante cuatro semanas consecutivas y eso derivó en que la moneda estadounidense supere los 16 pesos por unidad, tendencia que amenaza con profundizarse. Al mismo tiempo, admitieron que la Justicia no trata con la misma vara ambas cuestiones.

En términos políticos, la jugada pone en jaque a la Justicia, que deberá maniobrar para demostrar que no tiene protegidos. Además, coloca en una posición muy incómoda al macrismo, con sus líderes políticos y económicos imputados en una causa sensible.