«La investigación científica fue central» en el juicio de Napalpí

El fiscal federal de Resistencia Diego Vigay consideró que el juicio por la verdad sobre la «Masacre de Napalpí» fue posible gracias al trabajo de «un colectivo de científicos e historiadores, que permiten mantener viva la memoria».

Como fiscal ad hoc en esta causas, Vigay integró junto con Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini, el equipo de acusadores que en 2014 comenzó a investigar este crimen colectivo para que el Estado establezca una verdad histórica en relación a esos hechos perpetrados hace casi 98 años, cuando el Chaco aún era un territorio nacional.

En una entrevista con la agencia Télam, el funcionario judicial evaluó que las audiencias que se realizaron el martes y el jueves pasado, en el Centro Cultural Haroldo Conti de la exEsma «fueron centrales por los testimonios brindados por investigadores, científicos, antropólogos, e historiadores, quienes hicieron aportes directos para la reconstrucción» de aquella matanza.

Vigay citó el caso de las fotografías, registros oficiales, documentos, murales y planillas presentadas a lo largo de esas dos jornadas, las que permitieron dar cuenta del sistema de reclutamiento de aborígenes que se practicaba en Napalpí contra integrantes de las etnias Qom y Moqoit.

El 19 de julio de 1924, efectivos policiales y grupos paraestatales de civiles armados llevaron a cabo el asesinato colectivo de más de 500 aborígenes que vivían en la reducción de Napalpí, en la zona central de Chaco, y protestaban contra las condiciones de trabajo a las que eran sometidos para cosechar algodón.

«Estamos muy conformes con cómo se desarrolla el juicio y con los elementos que se han podido recolectar. Cada uno de los investigadores, cuando explican y desarrollan lo que han sido sus indagaciones, nos permiten no solo corroborar sino completar lo que nosotros incluimos en la instrucción preliminar», consignó Vigay.

Los especialistas hicieron en las audiencias llevadas a cabo esta semana una «valoración de toda la documentación y nos mostraron con detalle cómo fue la reducción de las comunidades; la participación del avión que contribuyó a la matanza desde el aire, el contexto económico del Chaco en el que se produjo este hecho, y la necesidad de mano de obra barata que tenían entonces para la recolección del algodón».

«Que en un lugar tan emblemático como la exEsma -donde durante la última dictadura cívico militar funcionó un centro clandestino de detención ilegal- se esté juzgando un crimen de genocidio indígena, muestra un compromiso actual del Estado con los Derechos Humanos y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia», añadió el fiscal.

También destacó la labor cumplida por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien «en vista de que algunos testigos que teníamos no se podían trasladar al Chaco, vieron la importancia de esto y enseguida arbitraron los medios para que las audiencias pudieran hacerse en la exEsma».

Vigay reseñó que si bien existen «instancias de juzgamiento de masacres indígenas en diferentes lugares del mundo, incluso con responsables vivos, «la Argentina puede constituir un precedente importante» por el impulso brindado desde el Estado.

Recordó el origen de la investigación allá por 2014: «Dimensionamos la masacre, vimos que existían elementos de prueba. En ese momento teníamos solo un 5% de que lo que tenemos hoy. Entonces decidimos impulsar la investigación para reconstruir la verdad histórica. Luego nos apoyamos en la Fundación Napalpí, la comunidad de colonia aborigen, registramos esos testimonios, y pedimos documentación al Archivo General de la Nación y al Archivo Provincial del Chaco», recordó. «La comunidad hizo un proceso de investigación con compromiso; y eso se refleja en la dimensión del juicio», añadió.

El martes declararon, ante la jueza Zunilda Niremperger, el sociólogo Marcelo Musante, el historiador Nicolás Íñigo Carrera, la antropóloga Lena Davila, el historiador Alejandro Covello, las archivistas Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaule y el arquitecto y antropólogo Carlos Salamanca.

Musante se centró «en el sistema de reducciones basado en el «sometimiento, control y disciplinamiento de las comunidades indígenas».

A su turno, Carrera analizó la masacre desde el punto de vista «económico y social y el proceso histórico en el que se produjo». Habló además sobre la «inserción de Argentina en el mercado mundial» y la necesidad de «un brazo barato para las industrias encontrado en la población indígena, tal como lo definen en los documentos históricos».

La antropóloga Dávila declaró luego que «hacia 1920 la cosecha del algodón comenzó a competir con la industria azucarera» y hubo «presiones de los propietarios sobre los indígenas, con lo cual también se vieron perjudicadas sus condiciones laborales».

Covello afirmó, desde su experiencia de aviador, que Napalpí fue «un hecho fundante porque fue la primera vez que se utilizó un avión como armamento de guerra sobre nuestro territorio». Eva Mariana Nazar Gaule, quien participó de la recopilación de la documentación vinculada a la causa, se explayó sobre «los registros estatales» pertinentes y la importancia de ellos.

En tanto, el jueves declararon la antropóloga Silvina Turner, la documentalista e investigadora Valeria Mapelman, el antropólogo Héctor Trinchero, el profesor y doctor en Historia Mariano Nagy, la antropóloga Diana Lenton y, por último, Eugenio Zaffaroni.  «