La jueza federal María Servini ordenó la captura nacional e internacional del ex integrante de la “mesa judicial” del macrismo Fabián Rodríguez Simón, y dispuso su inhibición general de bienes y congelamiento de todas sus cuentas bancarias en el país.

La medida fue dispuesta después de que Rodríguez Simón confirmara que no se presentará a declarar como imputado en la causa en la que está acusado de haber presionado, en nombre de Mauricio Macri,  a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa para desapoderarlos de las firmas que componen el Grupo Indalo.

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Rodríguez Simón pidió asilo político en Uruguay y así lo comunicó oficialmente al juzgado de Servini, a través de un escrito presentado por su abogado, Gustavo de Urquieta.

Rodríguez Simón está en Uruguay desde principios de diciembre del año pasado y si bien había prometido regresar a la Argentina el 15 de mayo (su abogado había incluso presentado los pasajes de regreso ante el juzgado de Servini), resolvió permanecer en el país vecino y reclamar el amparo como refugiado.

Ante ese escenario, Servini libró exhorto internacional a Uruguay pidiendo a sus autoridades que “de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”.

El ex asesor y funcionario de Macri argumentó, para pedir el status de refugiado, que es un “perseguido político”.

Pero Servini replicó que “los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines”.

Rodríguez Simón está acusado de “haber amedrentado mediante amenazas, en una fecha ocurrida entre los meses de julio y agosto de 2019, a Carlos Fabián de Sousa y Cristóbal Manuel López, por intermedio de Ricardo Benedicto, que si le daban impulso al expediente caratulado “Macri Mauricio y otros s/ Asociación Ilícita” del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°1, les traería aparejadas consecuencias negativas a los negocios que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenían quienes fueron socios de Cristóbal López en las empresas que explotaban el juego de azar”.

Además, se le achaca “haber exigido y obligado con intimidación, aproximadamente entre los meses de enero y noviembre de 2016, a Federico de Achával, Cristóbal Manuel López y Ricardo Benedicto, representantes y titulares de las empresas Hipódromo Argentino de Palermo S.A. (HAPSA) y de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por esa y por la firma Casino Club S.A. a que abonaran mayores cánones – principalmente en lo concerniente al Impuesto a los Ingresos Brutos – al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Gobierno Nacional, caso contrario se les rescindirían las concesiones que dichas empresas tenían – fundamentalmente en el Hipódromo de Palermo de esta ciudad -, les formularían imputaciones penales en su contra y, en el caso de Achával dándole a entender que podría quedar detenido”.

En ese contexto, “no los dejarían acogerse a la moratoria que iba a disponer la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si no desistían de las acciones judiciales que habían entablado contra Lotería Nacional S.E. y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Esas conductas configuran los delitos de extorsión y amenazas, que contemplan penas de hasta diez años de cárcel.

“Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente,  Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno”, añadió la magistrada.