El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, accedió al contenido del teléfono celular Iphone de Marcelo D’Alessio y, en medio de un escándalo, comenzó a clasificar la información que contiene el sofisticado aparato. Es tal la cantidad de información que peritos de la Corte Suprema, del Ministerio Público y especialistas de las fuerzas de seguridad permanecieron hasta muy entrado el viernes en el edificio Centinela, de la Gendarmería Nacional, volcando los datos en actas y planillas para la evaluación posterior del magistrado.

El escándalo ocurrió en torno al mediodía de ayer. Los peritos le informaron a Ramos Padilla que no podrían acceder al teléfono sin las claves de seguridad proporcionadas por el dueño, el imputado D’Alessio. En presencia de representantes de todas las partes, el juez elaboró una resolución en la que dispuso extraer, de manera voluntaria o compulsiva, esas claves. Entonces mandó a buscar a D’Alessio, quien está alojado en una unidad penitenciaria no muy lejos del lugar, y le explicó que necesitaba los accesos al teléfono.

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Esos aparatos se desbloquean por reconocimiento facial o de la huella digital. D’Alessio accedió, pero en ese momento no estaba acompañado por su abogado, Claudio Fogar. El letrado había sido notificado del peritaje pero como se trataba de un procedimiento técnico no concurrió él personalmente sino que envió a su perito, Rubén Martín, un habitual polemizador en medios de comunicación. Airadamente objetó el proceder del juez y se retiró ofuscado del lugar.

D’Alessio manifestó que estaba dispuesto a abrir el teléfono y, de hecho, lo tomó con sus propias manos para hacerlo. Eran aproximadamente las 16 horas cuando el aparato quedó liberado.

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“Nunca van a poder abrir ese teléfono”, deslizaban allegados a D’Alessio en los días previos a la experticia. Era cierto, pero sorpresivamente el propio imputado, en una muestra de colaboración que parece perseguir que el juez Ramos Padilla lo envíe en prisión domiciliaria a su suntuosa casa en un barrio privado en la localidad bonaerense de Canning, aceptó. Y ello pareció despertar un tembladeral que, por la noche, se tradujo en una acción de “habeas corpus” presentada ante el juzgado penal de instrucción número 16, a cargo del juez Mariano Iturralde.

La acción judicial denunció la violación de garantías constitucionales, la ausencia del abogado defensor en un procedimiento que debía controlar, la posibilidad de presiones sobre D’Alessio y exigió que se detuviera toda acción derivada del procedimiento cuestionado hasta tanto el juez de habeas corpus resolviera el reclamo. El juez Iturralde dispone de 24 horas para esa determinación.

¿Cuál es la preocupación por el contenido del Iphone? Cuando se lo secuestraron, durante uno de los allanamientos, D’Alessio advirtió que podría poner en juego la seguridad nacional. Pero algunos allegados sostienen que la seguridad que podría estar en riesgo es la propia y la de varios personajes públicos, entre ellos políticos –algunos de ellos muy cercanos al oficialismo-, periodistas y hasta un precandidato presidencial.

Ante la voluntad manifestada por D’Alessio en colaborar con la investigación, el fiscal de la causa, Juan Pablo Curi, podría ofrecerle declarar como “imputado colaborador”, tal como lo viene haciendo el fiscal Carlos Stornelli con los acusados en la causa por las fotocopias de los cuadernos.

Uno de los objetivos del análisis de los celulares y las computadoras secuestradas en la casa de D’Alessio es, precisamente, determinar si la relación que decía tener con Stornelli era real y si hay alguna prueba que vincule al fiscal con el pedido de dinero a su nombre que recibió el productor agropecuario Pedro Etchebest, el denunciante que destapó toda esta historia.