La gobernadora María Eugenia Vidal sufrió este lunes un doble revés judicial en el conflicto con los docentes: ordenaron no descontar los días de paro a los maestros e impugnaron la conciliación obligatoria que el viernes había dictado el Ministerio de Trabajo bonaerense. Por un lado, la Jueza en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata María Ventura Martínez, intimó al gobierno provincial que devuelva los descuentos salariales realizados a los docentes que hicieron dos jornadas de paro en agosto del año pasado. Por otro lado, el juez Luis Federico Arias, del Juzgado N°1 del mismo fuero, emitió una resolución cautelar con la que ordenó al Ejecutivo a que se «abstenga» de llevar a cabo la conciliación o que afecte el derecho a huelga de los trabajadores docentes.

El fallo de la jueza Ventura Martínez intima a la Dirección General de Educación a que «en el término de cinco días» dé cumplimiento a un pronunciamiento cautelar que la magistrada había emitido el 17 de noviembre de 2016, por el cual había ordenado al gobierno bonaerense devolver el dinero por los paros docentes del 1 y 2 de agosto del año pasado. Esa cautelar había sido en respuesta al pedido del gremio de mestros Unión Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba) e intimaba a que las devoluciones se efectuaran el 15 de febrero.

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En la resolución -que tiene fecha del jueves pero que se conoció este lunes- la magistrada impuso además una multa de mil pesos por cada día de demora “aplicable al Director General (de Educación, Alejandro Finocchiaro) y de los funcionarios responsables».

El fallo se conoció en medio del paro nacional impulsado por CTERA, que en la provincia según informaron los gremios bonaerenses alcanzó el 90% de adhesión, y luego de que en el último encuentro paritario entre el Frente Gremial Docente y Udocba y autoridades provinciales, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, anunciara que descontarían los días de paro, a razón de entre 600 y 650 pesos cada jornada.

Pero ese fallo no fue el único dolor de cabeza para Vidal. El juez contencioso Administrativo N°1 de La Plata, Luis Federico Arias, firmó una resolución cautelar en la que, según indicó,»se ordena al Poder Ejecutivo a que se abstenga de llevar a cabo la conciliación obligatoria y de ejercer cualquier acto o hecho que afecte el derecho a huelga de los trabajadores docentes, y a que en caso de no arribar a un acuerdo entre partes, la solución del conflicto recaiga en un órgano imparcial tal como prevé el art. 39 inc. 4 de la Constitución Provincial».

La resolución, que el magistrado difundió a través de su cuenta de Facebook, hizo lugar al pedido cautelar de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que preside Mirta Petroccini, y del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), que conduce Roberto Baradel. Los gremios (mayoritarios en el Frente Gremial que integran también los privados de Sadop, UDA y AMET) solicitaron la medida para que ell gobierno provincial «se abstenga de realizar cualquier acto o hecho que altere, restrinja o menoscabe el derecho a huelga de las entidades gremiales y los docentes de la provincia».

La conciliación obligatoria fue dictada el viernes pasado por el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, en plena reunión paritaria con los maestros bonaerenses a quienes el Ejecutivo les ofrecía pagos no remunerativos a cuenta de futuros aumentos escalonados por ingreso desde 800 a 2000 pesos a cambio de que este lunes comiencen las clases. Luego de un cuarto intermedio y con los maestros ratificando que el paro era nacional y por la inexistencia de paritaria en el Gobierno Nacional, el funcionario regresó al encuentro con la resolución de conciliación obligatoria.

En el reclamo ante el juez Arias, los maestros precisaron que la Ley de Paritaria docente contradice la decisión del gobierno de dictar la conciliación y denunciaron que el Ejecutivo mantuvo «una actitud antijurídica y violatoria del Estado de Derecho, puesto que la cartera educativa emitió el 3 de marzo un instructivo y planillas de relevamiento de cada establecimiento escolar, en la que se deberá consignar nombre de cada docente que se adhiera al paro». Además, pidieron declarar inconstitucional dos incisos de del artículo 23 de la Ley de MInisterios que hace juez y parte al ministerio de trabajo. La cautelar firmada por Arias fue dictada con carácter de «urgente» y obliga a ser tenida en cuenta hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.