La disputa por la tierra en la Cordillera de Río Negro dista de encauzarse debido a la persistente negativa del gobierno provincial a sentarse a una mesa de diálogo democrático con las comunidades mapuche-tehuelche, para discutir sus reclamos territoriales.

En rigor, la provincia se niega rotundamente a hacerlo pese a estar obligada desde 2006 por la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que prohíbe los desalojos e impone una mesa tripartita entre las comunidades y los Estados nacional y provincial para relevamiento y regularización de tierras ancestrales comunitarias.

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Aquí se registra una cantidad significativa de reclamos territoriales, pero los más calientes son los protagonizados por la lof Winkul Lafken Mapu, en Villa Mascardi, al sur de Bariloche, y la lof Quemquemtrew, al norte de El Bolsón.

En Mascardi, agentes de la Prefectura fusilaron por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel, en 2017, y en la segunda los sicarios Martín Feilberg y Diego Ravasio, ya detenidos, asesinaron a quemarropa al mapuche Elías Garay Cayicol e hirieron gravemente a Gonzalo Cabrera, en noviembre de 2021.

Además de respuestas punitivas y un agresivo discurso antimapuche, el único gesto de la gobernadora Arabela Carrera fue enviar a su secretario de Derechos Humanos, Duilio Dinieri, a una reunión con la lof Quemquemtrew,  pero solo a “tomar nota” de sus reclamos. Lo hizo a fines de enero, tras cinco meses de la recuperación de las tierras y dos del homicidio de Garay Cayicol.

Simultáneamente, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, hizo un nuevo aporte a la violencia de su gestión con la presentación del golpista carapintada Aldo Rico como “invitado de honor” a los actos por el aniversario de la localidad, el 28 de enero. Pogliano fue quien lanzó bandas de civiles para reprimir y disolver una marcha en reclamo de justicia para Elías Garay Cayicol, el mismo día de su asesinato.

Rico no defraudó a su anfitrión Pogliano: “Tenemos un conflicto con los mapuches”, proclamó el carapintada, en un acto que encabezó más tarde frente a oficiales y suboficiales, excombatientes de Malvinas, en una plaza en el paraje rural Mallín Ahogado.

Lo hizo rodeado de un dignatario del Islam, el sheik Raúf Abdul Felpete, y de tres monjes de la congregación Padres Católicos, una escisión local de la Fraternidad Sacerdotal San Pío XI, del obispo preconciliar Marcel Lefevre y dirigida en la Comarca por monseñor Andrés Morello, hermano del carapintada Emilio Morello, según reveló la periodista de Bariloche Susana Lara.

En el centro de todo este conflicto está la propiedad de la tierra cordillerana, y con ella las nacientes de agua y la biodiversidad virgen de los bosques nativos.

Y en ese conflicto, alejado del diálogo y las vías pacíficas, el gobierno de Río Negro aparece como garante de los negociados inmobiliarios y forestales del capital concentrado regional que se agrupa en las organizaciones Propiedad Privada Patagonia (PPP) y Consenso Bariloche (esta, a su vez, cuenta con la filial Consenso de la Comarca Andina del Paralelo 42).

Esta semana, esos grupos de negocios salieron a respaldar abierta y públicamente al británico Joe Lewis frente a la sexta Marcha por la Soberanía, que intentó sin éxito llegar al Lago Escondido, usurpado ilegalmente por Lewis.

En sintonía con sus aliados, la gobernadora Arabela Carrera descalificó la marcha, la consideró “ideologizada” y violenta contra los habitantes de la zona.  «