El proyecto de ley de Presupuesto 2017 es el primero de la era Macri. Es la expresión escrita más clara, contundente y descarnada del proyecto político económico y social del PRO.

El oficialismo, que carece de mayorías en ambas Cámaras del Congreso Nacional, está obligado a negociar su redacción final. Sin embargo, ese obstáculo no implica un drama irremediable para Cambiemos. El as en la manga del Presidente es el recurso del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), a través del cual puede corregir aquello que perdió por los votos en los recintos. Limitar el uso de esta herramienta constitucional es una alternativa. Algunos bloques lo piensan como una forma de achicar el margen de maniobra del Ejecutivo. Otros la cuentan como una carta de negociación para otras leyes.

El Frente Renovador, que conduce Sergio Massa, tiene entre sus integrantes a Marco Lavagna. El referente económico del bloque es uno de los que considera que para evitar que los cambios que se acuerden en el Presupuesto sean modificados luego por un DNU «es preciso una ley que los regulen».
Al presidente del bloque de diputados del Frente Para la Victoria, Héctor Recalde, le encantó la idea. Aseguró que está dispuesto a trabajar en una modificación que limite el uso de los DNU. Una idea que puso los pelos de punta al diputado del PRO, Luciano Laspina, pero que buscó bajarle el tono al sostener que «no es central» en la negociación.

Ahora bien, habrá que esperar la reacción que tendrá Massa a la propuesta que lanzó Lavagna, porque el massismo supo utilizar buenas ideas y acuerdos con otros bloques de la oposición para negociar luego con el oficialismo. No es una mera especulación. El presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, afirmó durante su participación en el coloquio de IDEA que «si no hubiera estado a la altura de las circunstancias la oposición, y me refiero puntualmente a Miguel Ángel Pichetto en el Senado y también al Frente Renovador de Sergio Massa y a Margarita Stolbizer, nosotros no hubiéramos tenido las herramientas para gobernar en esta transición».

Entonces, sospechar sobre las intenciones del massismo no es descabellado. Por caso, Graciela Camaño suele decir que el partido de Massa está consolidado, con presencia territorial y encaminado en el objetivo de llegar a la Casa Rosada. En ese sentido, por qué el FR estaría dispuesto a anular una herramienta que bien podrían necesitar en un futuro que consideran cercano. Igual, ya les anunciaron que al proyecto del Presupuesto 2017 le quieren introducir modificaciones en 50 de sus 60 artículos.

En todos ellos están los cinco puntos que reclaman los gobernadores, que el bloque del FpV acompaña, y que giran alrededor de un mayor porcentaje de coparticipación del impuesto al cheque, también una coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), 22 mil millones de pesos, las cajas previsionales de las provincias, los fondos para infraestructuras y la deuda provincial.
Por supuesto que esta negociación incluye otros proyectos de ley donde, por ejemplo el FR, quiere quedarse con la paternidad, como la ley que modifica las escalas del Impuesto a las Ganancias, la reforma electoral e incluso el proyecto con el que se proponen eyectar de su cargo a la procuradora Alejandra GilsCarbó.

Todo esto se negocia al mismo tiempo que el presupuesto. Algunos bloques menores, como el Justicialista de Diego Bossio, intentan rascar algo de las migajas que caen de la mesa de negociación.

El tiempo comienza a ser escaso porque el oficialismo aspira a aprobar en Diputados su primer Presupuesto el próximo 2 de noviembre.