Este jueves 13, luego de un año de audiencias, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín dará a conocer el veredicto en el juicio por la masacre de la Quinta La Pastoril, un gran operativo militar y policial en la localidad de Moreno en el que al menos once personas fueron asesinadas o desaparecidas y otras cuatro fueron secuestradas y luego liberadas.

A diferencia de la mayoría de las causas de lesa humanidad, esta no reúne los crímenes alrededor de un centro clandestino de detención, sino de los hechos que ocurrieron en esa casa quinta apenas cinco días después del golpe: ese 29 de marzo de 1976 se realizaba allí una reunión secreta del Comité Central del PRT-ERP de la que participaban sus máximas autoridades e invitados extranjeros del MIR de Chile y de Tupamaros de Uruguay.  Si bien los líderes del PRT lograron escapar, al menos cuatro militantes de la organización fueron asesinados allí (María Elena Amadío, Emilia Susana Gaggero, Víctor Hugo González y Ruperto Méndez), y otros 3 en los alrededores, cuando escapaban en un auto (Juan Mangini, Nelson Agorio y Héctor Chávez). Al menos ocho personas más fueron secuestradas y llevadas a diferentes centros clandestinos de detención, como Puente 12 y la Comisaría 1° de Moreno, y sólo cuatro recuperaron la libertad. Se cree que estas no fueron todas las víctimas: a partir de documentos de inteligencia, durante el debate surgieron los nombres de otras personas.

«Esta causa trata de romper el silencio sobre La Pastoril», señaló el abogado Pablo Llonto durante su alegato en representación de las familias de Ortíz, Agorio, Chávez y Méndez. «Desde el minuto uno trataron de tapar lo ocurrido. La acción investigativa de las familias, lo que pudo hacer la Justicia en estos últimos años y este juicio corren finalmente el velo sobre los hechos ocurridos allí», añadió.

A partir de la anulación de las leyes de impunidad, hermanas, sobrinas, parejas e hijas tomaron la posta para comenzar a conocer lo que había ocurrido en La Pastoril y hoy son las seis querellantes en la causa. Ofelia Agorio fue una de ellas. Junto a su hermana, Iris, lleva ya casi 20 años empujando la investigación, en particular sobre su hermano Nelson, quien tenía 23 años y era parte del comité central del PRT.

«Fue agarrar las hilachas de un relato que estaba absolutamente atravesado por la información falsa, por las mentiras de los medios, donde se vislumbraba que sabían lo que había pasado pero no lo decían. Todo lo que pudimos reconstruir estos años, la búsqueda de datos, el proceso en sí mismo fue reparador para nosotras por todas las cosas que nos enteramos y que no sabíamos y por todos los lazos que estaban absolutamente cortados y pudimos recuperar: pudimos volver a entablar contacto con muchos de los familiares, sobrevivientes, y, sobre todo, con los hijos e hijas de los compañeros», resume Ofelia en diálogo con Tiempo.

Recuerda varios momentos claves en ese camino, encuentros de hermanos y hermanas de víctimas, conocer a Viviana Losada, quien había comenzado a investigar lo ocurrido a su expareja Rodolfo Ortíz, y el testimonio de Eduardo Garbarino Pico, un niño de siete años que estaba al cuidado de Nelson Agorio luego de que su madre fuera secuestrada en 1974.

En La Pastoril, Nelson logró sacar al niño y lo subió a un auto en un intento de escapar junto a Mangini y Chávez, pero fueron perseguidos a los tiros por la policía y capturados. Durante el juicio, Eduardo relató que Agorio lo cuidó hasta último momento, le dijo que saliera con los brazos en alto y que hiciera lo que le decían los policías. Contó que no estaban armados y que todos salieron del auto con vida, pero fue la última vez que los vio.

Eduardo fue llevado a la casa de un policía, que luego de unos días lo dejó en una casa vacía donde había vivido meses antes. Ahí fue rescatado por militantes del PRT hasta la vuelta de la democracia. Agorio, Mangini y Chávez fueron asesinados y enterrados como NN. Sus cuerpos fueron identificados a partir de las tareas del Equipo Argentino de Antropología Forense.

El debate por los crímenes en La Pastoril finalizará este jueves en una audiencia que comenzará a las 9 en los tribunales federales de San Martín. Ante el inminente veredicto, Ofelia señala que no cree que esto sea justicia. «Esto es una reparación histórica, una reconstrucción de un relato que tiene una relevancia muy grande, pero mi hermano no está vivo, mis viejos se enfermaron y se murieron por el dolor que eso le produjo, no creo que haya justicia», explica y agrega: «Lo que siempre me motivó fue que haya un relato verosímil de los hechos, de la dimensión de las fuerzas, que se escuchen todas las voces y que esté avalado por alguna institución del Estado. Para nosotras lo que es importante es que se difunda el momento de la sentencia y se difunda este relato, que es muy distinto al de un enfrentamiento y al de la teoría de los dos demonios».

Los acusados

En la causa se encuentran acusados Eduardo Sakamoto, capitán y segundo jefe de la Compañía de Ingenieros de Agua 601 con asiento en Campo de Mayo; Héctor Alberto Raffo, teniente primero y jefe de la Sección Comando y Servicios de esa unidad; Juan Carlos Jöcker, capitán y segundo jefe de la Compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá; Juan Manuel Giraud, por entonces cabo primero y jefe del Grupo de Tiradores de la Primera Sección de Contrasubversión de esa compañía; y los ex policías bonaerenses Juan José Ruiz y Julio Alejandro Pérez, quienes eran suboficiales en la Comisaría 1° de Moreno, donde fueron llevadas muchas de las víctimas.

La querella y la fiscalía pidieron prisión perpetua para esos seis imputados. El último de los acusados es Carlos Alberto Guardiola, excabo primero en la Compañía de Ingenieros de Pablo Podestá. Para él, la querella pidió que sea condenado a prisión perpetua pero la fiscalía solicitó su absolución por considerar que no habías pruebas para sostener la acusación.

Durante el debate, además, quedó clara la participación en la planificación del operativo del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, que tenía como una de sus misiones encontrar al líder del ERP, Mario Roberto Santucho. A cargo de esa cacería estaba el entonces capitán Juan Carlos Leonetti, quien habría estado ese día en La Pastoril. Lograría su propósito el 19 de julio, en un departamento de Villa Martelli, en el que Santucho fue asesinado y el propio Leonetti murió en el tiroteo.  «