El fiscal Delgado envió un informe para avanzar sobre los sobornos de la empresa brasileña en el país. Pidió profundizar la investigación sobre Arribas horas antes de que lo sobreseyeran.
El fiscal cruzó información de las causas que vinculan al actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, al ex secretario de Obras Públicas, José López, y otros ex funcionarios relacionados a las obras públicas. Con esos datos y decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo e informes periodísticos, logró indicios que de corroborarse derivarán en un avance importante de las investigaciones sobre la dimensión argentina del caso Odebrecht.
Nuestra fuente principal fueron los registros informáticos y documentos afectados a la causa López. En ese expediente logramos abrir los dispositivos electrónicos del nombrado e inspeccionamos sus agendas. Esos datos los cruzamos con decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional, con la vasta información periodística derivada del escándalo Lava jato y con los instrumentos que integran las causas individualizadas al inicio de este documento de trabajo, resumió Delgado.
Informó que detectaron allí pistas para seguir sobre el tráfico de influencias y coimas en la obra pública en Argentina, que revelaría de corroborarse la compleja relación entre empresarios y funcionarios públicos.
Según el informe, la empresa Odebrecht admitió ante la Justicia brasileña que en 2008 se comprometieron a pagar sobornos para ganar un proyecto en Argentina y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 la firma pagó u$s 2,9 millones en coimas. También admitieron el pago de retornos adicionales por aproximadamente u$s 500.000 a cuentas privadas de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos.
Delgado destacó que en 2008 se adjudicaron a Odebrecht dos obras de infraestructura, el 23 de enero el gobierno nacional firmó el decreto n° 151 a través del cual se adjudicó la obra del soterramiento del tren Sarmiento, allí la firma brasileña se unió con IECSA , de Ángelo Calvaterra, primo del presidente Mauricio Macri, COMSA S.A. y firma italiana Ghella Societa per azioni.
La otra obra fue en septiembre de 2008, cuando Aysa le adjudicó a Odebrecht la construcción de la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, ubicada en el partido de Tigre.
En esas obras, tres funcionarios nacionales participaron activamente, junto a sus asesores: Ricardo Jaime, entonces secretario de Transporte, su predecesor en el cargo, Juan Pablo Schiavi, y José López, secretario de Obras Públicas.
La justicia brasileña obtuvo correos electrónicos de la cuenta de Mauricio Couri Ribeiro, representante de la constructora brasileña, en los que quedaron documentadas comunicaciones con Manuel Vázquez, un intermediario de Jaime, en las que se reclamaba el pago de coimas vinculado al soterramiento del Sarmiento.
Al mismo tiempo, el periodista Hugo Alconada Mon aportó copias de documentación de operaciones bancarias que aportó Leonardo Meirelles a la justicia de Brasil con cinco transferencias bancarias realizadas desde la cuenta de una empresa off shore de Hong Kong a la cuenta personal de Gustado Arribas del Credit Suisse.
Los vínculos de López con Odebrecht quedaron más que probados, señala el fiscal. Se comprobó que el representante de la empresa brasileña se reunió el 17 de noviembre de 2009 con López en su despacho de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y que su vínculo sería a través de Jorge Corcho Rodríguez y dos personas más identificadas como «Flavio» o «Rodney».
El fiscal aseguró que necesita producir nuevas pruebas sobre obras realizadas en Zárate y Berazategui que ya investiga el Juzgado Federal N°7 y sobre las transferencias que recibió Arribas de Meirelles por un total de u$s 594.518 y que son investigadas por el Juzgado Federal N° 6. Horas después, el juez Canicoba Corral rechazó el pedido y sobreseyó al jefe de los espías.
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