El debate por la modificación de la ley de alquileres comenzará el martes que viene en la Comisión de Legislación General. Con los feriados de semana santa de por medio, los integrantes de la Comisión que se constituyó este martes, definieron que la reunión informativa sea de manera mixta, una modalidad que funcionó en plena pandemia.

En el encuentro que se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados se reeligió a la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, como titular, y a la radical del bloque Evolución Carla Carrizo como la vice.

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Las reuniones informativas continuarán de manera presencial los días 19 y 20 de abril y se citarán a representantes de todas las partes del país. El 26 y 27 será el debate entre los diputados, con el fin de sacar dictamen. La Comisión quedó integrada por 16 diputados del FdT, 14 de Juntos por el Cambio y uno del interbloque Federal, Graciela Caamaño.

La semana pasada se cerró un acuerdo entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los líderes de JxC para no convocar a una sesión especial. Ahora hay varios proyectos en danza. Por parte del oficialismo, el sanjuanino José Luis Gioja presentó una iniciativa para modificar la ley. Propone que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinado a vivienda tenga un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual que funciona actualmente y de un 10% en el caso de la renovación de los contratos. 

El proyecto busca modificar la norma impulsada en 2019 por Cambiemos-sancionada en 2020- que estableció que los contratos de alquileres son de tres años -en lugar de dos años como en la ley anterior- y la actualización anual de los valores sea través de un índice que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales. 

La iniciativa busca también beneficiar a las personas registradas en el Régimen del Monotributo y plantea que, los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. 

De esta manera no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia, según el texto. 

La semana pasada, Juntos por el Cambio presionó por la derogación llamando a una sesión especial. En la previa de esa convocatoria, oficialismo y oposición arribaron a un acuerdo para discutir en un plazo de 30 días una nueva ley.