La rebelión de los uniformados «low cost»

La diputada Elisa Carrió es la vocera freudiana del régimen macrista. Y entre sus últimas declaraciones se destaca una no debidamente considerada: «Recién me reía con María Eugenia (Vidal) y con Luis (Caputo). Yo les digo: ‘Pero escúchenme una cosa, quédense todos tranquilos, si acá hubo desde aceite caliente en 1806, y el 25 de Mayo de 1810 fue en Plaza de Mayo’. Quien no quiere que haya lío en Buenos Aires no tiene que vivir en la capital».

¿Acaso las cabezas del oficialismo temen terminar colgadas de las patas como Mussolini o en un paredón como el premier rumano Nicolae Ceaușescu? ¿Acaso tal pesadilla tiene que ver con la decisión gubernamental de militarizar la seguridad interior?

Fue el 29 de mayo, durante la conmemoración del Día del Ejército en el Colegio Militar, cuando Macri hizo público su anhelo de volcar a las Fuerzas Armadas hacia esa actividad. Después, el Poder Ejecutivo anunció la inminente eliminación del decreto 727/76 (firmado por Néstor Kirchner) que impide su uso en conflictos políticos y sociales de cabotaje.

Ahora la decisión ya es un hecho: por una orden de Macri suscripta hace una semana, se enviará el 1 de agosto la primera tanda de tropas del Ejército y la Fuerza Aérea a la frontera Norte para ofrecer apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en el combate contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Serán 500 efectivos de Infantería y 40 pilotos con ocho helicópteros y tres aviones Pampa, de un total de 4000 efectivos a ser movilizados en los próximos meses con potestad en quehaceres represivos y de espionaje sobre la población. Se trata de una sombría perspectiva agravada por una circunstancia más que simbólica: su bastonero (junto con Patricia Bullrich) no es otro que el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Un incompetente polimorfo que ya supo enturbiar tal panorama con un anuncio: la suspensión del desfile militar por el Día de la Independencia.

Cabe recordar que ese espectáculo –que solía animar dicha fecha patria hasta ser eliminado del protocolo festivo durante los años ’90– fue restaurado en 2016 por el macrismo. Y deslumbró aquel año a los tucumanos con el paso marcial de 4000 uniformados, junto con ex combatientes de Malvinas y oficiales retirados. Entre el público, ciertos familiares y amigos de represores presos aplaudían con emoción, mientras que desde el palco, Macri y el (querido) ex rey español, Juan Carlos, observaban la escena con sumo beneplácito.

En estos días la situación ya no es la misma. El presidente ahora rehúye las celebraciones masivas. El 25 de Mayo hizo vallar todo el perímetro de la Catedral para asistir al tedéum, cuando la zona del Obelisco era el epicentro de una masiva manifestación contra su política. Y el 20 de Junio ni siquiera se dejó caer al acto del Día de la Bandera, por miedo a ser abucheado o agredido.

En consecuencia el 9 de Julio no habrá desfile. Y eso dejó al descubierto la vidriosa relación entre el gobierno y la corporación militar. Ante todo, a los cuadros medios de las Fuerzas Armadas no les causa una gran felicidad que los usen en tareas de seguridad interna; aducen que eso será un semillero de corrupción, a lo que se le suma su disgusto por cumplir funciones policiales.

Pero justo cuando Macri suscribía la orden correspondiente (el 30 de junio), Aguad –cuya virtud más apreciable no es precisamente el sentido de la oportunidad– firmaba con el superministro de Economía, Nicolás Dujovne, la resolución que otorgaba un insultante 8% de aumento a los sueldos militares más bajos y una suma fija de entre dos y $ 4500 a la oficialidad jerárquica. Un baldazo de agua fría sobre sus cascos y birretes.

«Me hago responsable del bono del 8%. Fue un error en vías de corregirse», salió a decir Aguad. Y anunció que el incremento sería en realidad del 15%. Otro baldazo. Máxime cuando los gendarmes y prefectos –con quienes los militares efectuarán idénticas tareas– obtuvieron el 21%. Un enojo razonable.

En tanto, los oficiales en situación de retiro –no menos contrariados– ya amenazaron con pegar el faltazo a la cena anual de camaradería, un evento que –según se rumorea– también será suspendido.  A eso se le añade el paro que el personal civil de las Fuerzas Armadas realizará la semana entrante.

Lo cierto es que –según confió una fuente castrense a Tiempo– fueron los oficiales superiores quienes definieron no realizar el desfile.

Una situación de rebeldía que las autoridades macristas se obstinan en encubrir no sin apelar al ejercicio de la posverdad: «Razones presupuestarias, en el marco de la austeridad acordada con el FMI», aducen los colaboradores de Aguad. Casi una licencia poética. «