Sin presencia de la oposición, el gobierno de Axel Kicillof presentó hoy el paquete de anteproyectos de ley para modernizar la justicia bonaerense. Se trata de un nuevo Código Civil, Comercial y de las Familias, una nueva ley del Abogado de los Niños, Niñas y Adolescentes, y dos proyectos que vienen a cubrir un vacío normativo: uno de ley de Ética Pública y otro de ley de Responsabilidad del Estado. Los textos fueron publicados hoy en una plataforma digital y serán sometidos a debate público antes de su envío a la Legislatura.

La presentación pública se realizó en la Casa de Gobierno y estuvo a cargo del ministro de Justicia, Julio Alak, y del secretario general de la Gobernación, Federico Thea.

Los anteproyectos ya puede ser consultados en la web http://agendaparticipativa.gba.gob.ar. En los próximos días se sumarán otras dos iniciativas: la ley de procedimiento laboral 15.057 y la ley de régimen pericial. El Ejecutivo abrirá ahora mesas de discusión y foros con universidades, colegios profesionales, sindicatos, magistrados, ONGs y actores de la sociedad civil, en busca de los consensos para ultimar la letra definitiva de los proyectos. El objetivo es enviarlos a la Legislatura antes de fin de año.

Al abrir el acto, Alak explicó que los anteproyectos legislativos “tienen la finalidad de modernizar el cuerpo normativo de la provincia, adecuarlo a la Constitución Nacional, a la Constitución provincial, y a las leyes de fondo que el Estado nacional ha estado sancionando en las últimas décadas”.

Remarcó también que Buenos Aires, así como “ha sido referente en materia normativa para otras provincias también arrastra un atraso enorme y un vacío normativo” en algunas áreas y que “la actualización se hizo más clara cuando arrancó la pandemia”.

A su turno, Thea explicó que la actualización normativa se complementa con el trabajo que vienen haciendo con el Consejo de la Magistratura -del que él es miembro por el Ejecutivo- “para mejorar el procedimiento de selección de jueces y juezas, tratando de que sea más rápido, objetivo y en función de un perfil de funcionario que conozca el territorio, que esté formado en derechos humanos, en cuestiones de género, y que sea particularmente sensible a distintas desigualdades que tenemos en la provincia”.

Sostuvo que “no se trata de proyectos cerrados o de escritorio”. Y cuestionó a la oposición por no participar de la instancia de elaboración pese a haber sido convocados. “Todo el arco político coincide en que se tiene que mejorar el acceso a la justicia y hay que darle mejores herramientas a los jueces y juezas. Es un diagnóstico compartido pero hay que ponerse a laburar”, le dijo a Tiempo y agregó: “Necesitamos que la dirigencia política se comprometa en serio a discutir estas cuestiones y no sean solamente títulos en una nota de campaña”.

Los proyectos

Durante el encuentro se explicaron los alcances de cada una de las cuatro propuestas que fueron elaboradas con una perspectiva de género y de derechos humanos.
El nuevo Código Procesal de Familias, Civil y Comercial cuenta con 106 capítulos y 995 artículos que incorporan  los principios del Código Civil y Comercial nacional y las leyes en materia de protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Mujeres, Salud Mental, Defensa del Consumidor y Mediación.

El subsecretario de Planificación Estratégica del ministerio de Justicia, Mauro Benente explicó que por año “más de 548 mil causas se tramitan en los fueros civil y comercial” de la Provincia y que la mayoría están relacionadas a cuestiones de familia. Sin embargo el código actual sólo cuenta con 53 artículos -sobre más de 800- referidos a la temática y que, por ende, se terminan resolviendo “con una lógica mercantil”.
Entre los cambios que incluye el anteproyecto están el expediente digital, un nuevo régimen de notificaciones, cambios en las medidas cautelares, las medidas de prueba, la sentencia y la apelación. También se propone un proceso simplificado en una “única audiencia” para conflictos menores; el reconocimiento de extensión de plazos para abogadas por las tareas de cuidados y la escucha de niños, niñas e incapaces.

“Jujuy y Santa Fe son las dos provincias que tienen códigos más antiguos que Buenos Aires. Es una de las más atrasadas pero puede convertirse en una de vanguardia”, sostuvo Benente.

La ley de Transparencia y Ética Pública viene a cubrir un vacío de 22 años, ya que hoy la provincia no cuenta con una norma en esa materia como sí la tiene Nación. En sus artículos sobresalen la capacitación obligatoria para todos los que ejercen funciones públicas, la incorporación en los programas de estudio de todos los niveles educativos y la creación de una Comisión Interpoderes de Ética Pública, integrada por los tres poderes, la sociedad civil, los colegios profesionales y las universidades, entre otros sectores. El texto fue trabajado con 35 municipios del oficialismo y la oposición.

En tanto, la propuesta de Ley de Responsabilidad del Estado reconoce los principios establecidos por la jurisprudencia que ya hay sobre el tema, principalmente, la de los tribunales provinciales.

Por último, la nueva Ley del Abogado y Abogada de los niños y niñas busca adecuar la normativa a los estándares internacionales, garantizar el derecho de los menores a ser oídos y a participar en los procesos judiciales.