La salud no puede ser un negocio. “Si el dilema es entre la economía y la vida, yo elijo la vida”, aseguró Alberto Fernández en el discurso del 19 de marzo, en el que anunció el aislamiento social preventivo y obligatorio. Al día siguiente los ministerios de Salud y Desarrollo Productivo sacaron su primera resolución conjunta para intervenir en la industria farmacéutica. Desde entonces toda la producción nacional de “insumos críticos sanitarios necesarios para mitigar la propagación del Covid-19, y para su tratamiento terapéutico y curativo” quedaban a disposición del Estado para su adquisición prioritaria con el fin de evitar que las jurisdicciones con menos ingresos se quedaran sin las herramientas necesarias para atender esta crisis sanitaria. Ayer, para ampliar la disponibilidad de recursos, un nuevo decreto presidencial agregó el pedido de autorización para comercializar dentro del Mercosur productos que puedan ser necesarios para la emergencia.

Respiradores, tubos de oxígeno, desfibriladores y termómetros, entre los bienes de equipamiento. Barbijos, camisolines, hisopos y detergentes, entre los elementos de protección. Paracetamol, amoxicilina y salbutamol, entre los medicamentos. La lista, mucho más amplia, fue confeccionada por especialistas entre los que se encontraba el Servicio de Virosis Respiratoria del Malbrán, que hasta la semana pasada realizó todos los estudios de presencia de Covid-19 en sangre. Hoy, tras haber capacitado a 226 profesionales de todo el país, ya está en marcha una descentralización de los test en laboratorios públicos que permitirá que para el viernes próximo todas las provincias realicen exámenes con el mismo nivel de eficacia. Para garantizar que el acceso a la salud sea universal, el Estado tuvo incluso que confiscar reactivos que algunos laboratorios privados estaban vendiendo sin autorización.

La pandemia puso al mundo en estado de excepción y forzó a los gobiernos a exponer sus prioridades. ¿Qué hubiera pasado si el coronavirus se expandía en los años en que el área de Salud era considerada una secretaría y se le recortaba presupuesto para pagar a especuladores financieros? ¿Habría calzado en el discurso de la meritocracia una retribución extraordinaria para el 40% de los argentinos que viven al día sin ingresos formales, como lo es el Ingreso Familiar de Emergencia?

La salud no puede ser un negocio. Y el periodismo, tampoco. Los periodistas de Tiempo sufrimos las consecuencias de un modelo guiado por el lucro, pero hace cuatro años recuperamos el medio para hacer un periodismo de servicio público. Y pudimos hacerlo porque muchos lectores comparten la mirada y colaboran para que podamos seguir trabajando y más gente pueda leernos.

La salud nunca debió ser un negocio. Tampoco el periodismo. Hoy sólo queda mirar hacia adelante. De nosotros depende que al final de esta pandemia (porque tendrá un final) nos quede esa lección.