«No estamos de acuerdo». Tajante fue la respuesta que recibieron en el gobierno cuando consultaron tanto en la Corte Suprema como en Comodoro Py sobre el proyecto que tenían prácticamente terminado: el DNU que pasaría el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados desde el Ministerio de Justicia hacia la Cámara de Casación Federal. El eje de discusión eran (y son) los arrepentidos, uno de los «logros» de gestión de Mauricio Macri. Oscar Centeno, José López, Alejandro Vandenbroele son algunos de los que se ampararon bajo esa ley que les garantiza protección a cambio de admitir que cometieron delitos y quiénes supuestamente los cometieron junto con ellos.

El Decreto de Necesidad y Urgencia que preparaban desde la Rosada estaba listo desde principios de noviembre. Sólo faltaba la firma de Macri y la publicación en el Boletín Oficial. La idea de traspasar el programa rondaba en la cabeza de varios funcionarios desde el 12 de agosto, luego de la debacle de las PASO. En septiembre, Graciela Camaño (Consenso Federal) presentó en Diputados un proyecto para que el Programa dependiera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «La protección de testigos y arrepentidos no puede ser un instrumento en manos del gobierno y la política, dado que de ese modo se abre un cauce propicio al fracaso de cualquier intento de persecución judicial de las conductas ilegítimas», dijo cuando lo presentó.

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El oficialismo barajaba opciones aunque no ocultó en ningún momento que su preocupación eran los arrepentidos, que no llegan a diez, todos vinculados a causas relacionadas con el kirchnerismo. Sin embargo, el Programa es mucho más que los pocos imputados «colaboradores». Creado por ley en 2003, fue pensado para proteger a aquellas personas involucradas en delitos complejos como trata, narcocriminalidad, lesa humanidad, a cambio de que su declaración ayudara a esclarecer las investigaciones.

La mayoría de las personas que están en el Programa son testigos, es decir, no cometieron ningún delito. Hay distintos grados de protección: un botón antipánico, custodia las 24 horas o incluso la relocalización en un domicilio oculto.

En 2016 el gobierno promulgó la ley del arrepentido y ubicó dentro del Programa a aquellos que, en causas de corrupción, declararan y aportaran datos precisos, podrían verse beneficiados con la libertad durante la investigación (un privilegio nada despreciable en épocas de preventivas a mansalva) y una reducción de la pena al momento de ser condenado. La primera aclaración es que no todos los arrepentidos son «protegidos»: el chofer y escritor Centeno lo es, pero los empresarios en la Causa de los Cuadernos no lo son.

Desde el oficialismo comenzaron a tantear cómo caería la idea en el Palacio de Tribunales y en Comodoro Py de traspasar todo el Programa. A excepción de tres jueces de la Cámara de Casación (uno de apellido notable, otro con bastante presencia mediática), los otros once se opusieron. «¿Pero cómo vamos a ser nosotros los que monitoreemos a los arrepentidos si en algún momento vamos a definir si efectivamente fueron útiles o no?», se preguntaba un juez de Casación esta semana. Otro se indignaba porque su trabajo no era «cuidar imputados o testigos». «Aparte de las sentencias, del trabajo de revisar todos los fallos penales del país, ¿voy a tener que supervisar si la policía custodia o no a las personas?».

En la Corte el resultado fue peor: no aceptaron ni siquiera una reunión formal sobre el tema. A varios les hizo acordar al traspaso de la oficina de escuchas al comienzo del mandato de Mauricio Macri, que generó más de una disputa y que tampoco tuvo ninguna consulta.

La relación entre los supremos y el presidente es tirante hace tiempo. A la desconfianza que había desde el principio se le sumó la conformación del power trío (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti) como ariete ante cualquier iniciativa del oficialismo.

En la Rosada sabían todo esto pero, de todas maneras, comenzaron a filtrar el dato de que se venía el DNU y que no había vuelta atrás. Incluso, algunos funcionarios dijeron en off que esto había sido charlado con el presidente electo, Alberto Fernández, dato que levantó el diario Clarín esta semana. «Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo. Ya es hora de dejar de desinformar. Lo digo por el bien de todos», dijo el presidente electo por Twitter. Más de una vez, fue crítico con el rol de la Justicia federal y el manejo de los arrepentidos pero todavía es un misterio el abordaje que hará su gobierno con respecto a lo judicial.

El proyecto, a las apuradas, pasó al freezer. Descartado no está pero las posibilidades de que se implemente son escasas. Mientras tanto, la discusión sobre cuán válidos son los testimonios de los arrepentidos también gira sobre Retiro. ¿Por qué no grabaron a nadie? ¿Qué pruebas aportaron realmente? ¿Se podrá sostener en el juicio? Varios funcionarios judiciales dudan.