La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante en la “Causa Peajes”, en la que el jueves la Cámara Federal anuló los procesamientos de los ex funcionarios del gobierno de Cambiemos, y pidió la inhibición general de bienes de las empresas involucradas en la investigación.

La Cámara, en un fallo firmado en la víspera por los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, anuló los procesamientos contra los ex funcionarios Javier Iguacel, Guillermo Dietrich, Bernardo Saravia Frías y Nicolás Dujovne.

La UIF, a cargo del abogado Carlos Cruz, formuló el pedido al juez federal Julián Ercolini, quien quedó a cargo del expediente tras la renuncia y jubilación de Rodolfo Canicoba Corral.

El organismo reclamó la inhibición de bienes de las empresas que presuntamente se vieron beneficiadas por la particular renegociación de los contratos de explotación de rutas y autopistas durante el gobierno de Mauricio Macri.

El ex ministro de Transporte Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional Iguacel están acusados por supuestas maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos.

“Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, resulta necesario en esta etapa procesal proceder al dictado de medidas cautelares suficientes a los efectos de impedir que los aquí imputados se desprendan de los bienes que resultan necesarios para afrontar una eventual pena pecuniaria”.

Los ex funcionarios y las empresas Autopistas del Sol (AUSOL), que perteneció a la familia Macri, y Grupo Concesionario Oeste S.A. –vinculado con las empresas de la familia Macri-están sospechados de corrupción en la extensión de las concesiones de los Accesos Norte y Oeste hasta 2030. Ello involucró reconocimientos por supuestos atrasos tarifarios por casi 750 millones de dólares entre ambas.

“Solicitamos que se disponga la inhibición general de bienes de AUSOL S.A., GCO y Abertis Infraestructuras, y se materialice la traba de embargos dictados sobre los demás imputados en la presente causa”, sostiene el planteo de la UIF.

“Se encuentra acreditada la verosimilitud en el derecho requerida para el dictado de las medidas aquí solicitadas”, resume el documento.

Según la imputación, los actos sospechados de irregularidades “comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por 1.100 millones de dólares. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripoll, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades”.