La causa por la supuesta “compra fraudulenta de dos estancias  en zonas de frontera de la provincia de Río Negro, por parte de la Sociedad Hidden Lake, controlada por capitales británicos, y que desde 1996 usurpa una propiedad pública como es el Lago Escondido” se cerró sin condenas, por prescripción por el paso del tiempo.

El principal beneficiado por el cierre de ese expediente ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal  es Joe Lewis, un británico de larga amistad con el expresidente Mauricio Macri.  Su hijo, Charles Barrington Lewis, era uno de los imputados en el expediente. Ya no lo está.

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La causa es una patética muestra del funcionamiento del Poder Judicial cuando se subordina al poder a secas. La venta de los terrenos que comprenden la zona del Lago Escondido se produjo en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem; la investigación sobre las evidentes irregularidades se inició en 2010 en la Defensoría del Pueblo y la causa judicial comenzó en 2012.

Vegetó hasta que durante el gobierno de Mauricio Macri su primer procurador del Tesoro, Carlos Balbín, intentó impulsar la invalidación de la venta de esos terrenos. ¿Cómo terminó la historia? Balbín cesó como procurador y fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, sospechado de integrar la “Mesa Judicial” de Cambiemos. El historiador y denunciante de la venta de los terrenos Alejandro Olmos Gaona aseguró que la llegada de Saravia Frías a la Procuración “paralizó cualquier decisión” que apuntara a anular la venta.

No obstante, quedaba abierta una instancia judicial para desandar el camino iniciado a mediados de los 90, en pleno apogeo de la pizza y el champagne.

Quedaba. Porque el 15 de septiembre pasado, en el mayor de los sigilos, la Cámara Federal de Casación, con las firmas de los jueces Guillermo Yacobucci, Carlos Alberto Mahiques y Liliana Catucci, confirmó que la causa prescribió. Carlos Mahiques, ex ministro bonaerense durante la gobernación de María Eugenia Vidal, es el padre de Juan Bautista Mahiques, hoy fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y también señalado como uno de los integrantes de la “mesa judicial”. En cuanto a Catucci, el fallo sobre las tierras que rodean al Lago Escondido fue su despedida: el 16 de septiembre cumplió 75 años y se jubiló.

La prescripción benefició también a otros exfuncionarios nacionales y provinciales: Néstor Daniel Kuper, Susana Beatriz Sarto, Ricardo José Juan Mayer, María Luisa Cristina Szama y Lisandro Alfredo Allende.

En 2016, el juez Rodolfo Canicoba Corral rechazó un planteo de prescripción porque el imputado Mayer continuó “ejerciendo la función pública en la misma provincia en que lo hacía cuando se produjo el hecho ventilado en la causa”. Incluso ocupó “un cargo perteneciente al Poder Judicial de Río Negro”, por lo que “podía valerse de la influencia de su cargo para entorpecer el ejercicio de la acción penal”.

Esa decisión de Canicoba cayó en la telaraña judicial de las apelaciones hasta que llegó a la Sala de la Cámara Federal que integra el juez Martín Irurzun.

Entonces, Irurzun contradijo a Irurzun. 

Sostuvo que Mayer había ejercido la actividad docente, por lo que “difícil es imaginar que, desde los empleos referidos, contara con la posibilidad real de entorpecer o neutralizar la investigación penal o que él mismo, o terceros, hayan podido verse beneficiados de las influencias o prerrogativas exclusivamente derivadas de esos empleos”.

El juez que parió la doctrina que lleva su nombre, según la cual los exfuncionarios pueden conservar poder residual aún en gobiernos de signo opuesto y ello representaría el riesgo procesal de entorpecer la investigación que justificaría la prisión preventiva (por eso fue preso el exministro Julio De Vido), en el caso del Lago Escondido y Lewis se pronunció exactamente al revés.

El ahora eximputado Mayer fue síndico titular y suplente en la empresa estatal INVAP, trabajó para el Ministerio de Educación rionegrino y actualmente es titular de la Defensoría Oficial de Menores e Incapaces número dos, en Bariloche, a poco más de cien kilómetros de Lago Escondido.

Los terrenos vendidos en 1996 estaban comprendidos en una “Zona de Seguridad de Fronteras” y sometidos, por ello, a un régimen jurídico especial que les impedía ser adquiridos por personas de nacionalidad extranjera. Es, básicamente, una cuestión de soberanía.

El 19 junio de 1996, H.R. Properties Buenos Aires S.A., constituida dos años antes, pidió autorización para comprar tierras a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad.  El 22 de agosto, cuando  obtuvo la autorización para adquirir 8063 hectáreas, Properties Buenos Aires S.A. se había convertido en HIDDEN LAKE S.A., controlada por una sociedad británica denominada Lago Corp, cuyos dueños eran Alfredo Rovira  y Charles Barrington Lewis, hijo del magnate inglés amigo de Macri. El denunciante Gaona Olmos explicó: “Se autorizó a una sociedad y se inscribió a nombre de otra. Ninguno de los integrantes de la sociedad extranjera estaba casado con mujeres argentinas, ni tenían hijos argentinos, ni tampoco se establecían con una empresa o industria de importancia para la economía del país. Era solamente una sociedad británica que compraba tierras en zonas vedadas a los nativos de esa nacionalidad, como a otros de nacionalidad extranjera”.

Esa es la causa que acaba de prescribir. «