La filtración de documentos internos del Ministerio de Seguridad de la Nación, denominada «LaGorraLeaks”, evidenció que la integridad de las personas involucradas en procesos judiciales –testigos o denunciantes– no son preservadas por el Estado, incapaz de asegurar la confidencialidad de las investigaciones.

El sábado, un usuario apodado “LaGorraLeaks” compartió en el sitio Reddit, en Github y en grupos de mensajería instantánea de Telegram, documentos oficiales que contenían información clasificada y confidencial de casos que supuestamente llevaba adelante el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal.

Los datos revelados eran sumarios, resúmenes semanales de la Policía, actas de allanamiento, cadenas de custodia, declaraciones de testigos, expedientes, información de movimientos de drogas de diferentes puntos de la Provincia de Buenos Aires, diligencias policiales por posible trata de personas con fines de explotación sexual y hasta una captura de pantalla de la carpeta de correo [email protected] con fecha del 2 de mayo de 2017.

La filtración de estos documentados sucedió luego del ataque a cuentas oficiales del Ministerio de Seguridad, incluida la cuenta de Twitter de la titular de la Cartera, Patricia Bullrich, en enero pasado.

En febrero, Ricardo Damián Mirco Milski, más conocido por su usuario de Twitter «Niño Orsino» se adjudicó la violación de las cuentas del Ministerio de Seguridad y de la cuenta de Twitter de Bullrich. En la actualidad sigue procesado sin prisión preventiva luego de haber pasado unos días detenido por este hecho y por haber accedido a los sistemas de la Policía Aeroportuaria (PSA). En el fallo, el juez Sebastián Ramos lo acusó, entre otros delitos, de amenazas, violación de secretos y de la privacidad e intimidación pública con un embargo sobre sus bienes. El otro acusado por intimidación pública es el técnico informático Martín Horacio Trabucco, quien ya poseía causa por el mismo delito.

El 13 de mayo pasado personal de la Dirección de Inteligencia Criminal Estratégica de la Policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo a Emanuel Vélez, de 19 años, conocido como «Líbero» por ser sospechoso de intervenir en el mismo hackeo y en el de la web del diario El Litoral, aunque los delitos por los cuáles permanece en prisión son parte de una causa por estafas con tarjetas de crédito.