El oficialismo intentará esta semana sortear las dificultades que ha tenido en agosto para que sesione la Camára de Diputados. El protocolo para funcionar en forma remota venció hace un mes y el Frente de Todos puso en marcha una ofensiva para trabajar en septiembre, a pesar de la negativa de Juntos por el Cambio, que reclama consensuar los temas a tratar. La estrategia apuntará a concentrar esfuerzos, «sin urgencia», en la sanción del «aporte solidario extraordinario», nombre del impuesto a las grandes fortunas que el oficialismo demoró 4 meses en presentar y que sumaría una recaudación extra de 300.000 millones de pesos para el Estado.

El ingreso del texto a la Cámara baja, realizado este viernes, implicará una mayor exposición pública del titular del bloque, Máximo Kirchner, que defenderá la iniciativa que diseñó junto al titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Heller, en acuerdo con el ministro de Economía, Martín Guzmán. El camino que se viene no será fácil. El Ejecutivo deberá presentar también el proyecto de Presupuesto para 2021 y Kirchner anticipó que  “será la plataforma para discutir una reforma tributaria que la sociedad argentina claramente necesita”. Hasta ahora en el Frente de Todos no había señales concretas del envío de una reforma impositiva integral para este año. Otro anticipo de esa «plataforma» puede estar dentro del borrador del Presupuesto, con el cambio de porcentajes de distintos gravámenes.

En el oficialismo consideran que el proyecto que el Gobierno envíe será la llave maestra para desatar el cúmulo de nudos que tienen por delante: el interbloque de Juntos por el Cambio sólo está dispuesto a renovar el procotolo de funcionamiento remoto si los temas son consensuados, y el impuesto extraodinario no reúne acuerdos ni siquiera en la principal coalición opositora que conducen Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La ausencia de una negativa cerrada contra el proyecto no es un dato menor para el oficialismo. Hay un sector del radicalismo y de la Coalición Cívica que coinciden en la necesidad de gravar a las grandes fortunas ante la pandemia.

Esas diferencias podrían quedar expuestas si el interbloque opositor accediera a tratar el proyecto en sesiones remotas. La conducción del Interbloque, en manos de Negri, asegura que es imposible debatirlo en forma virtual. Lo mismo corre para el futuro presupuesto y para el proyecto de reforma juicial que este jueves tuvo media sanción en el Senado. Sin decir cómo, los escuderos de Juntos por el Cambio sostienen que si el oficialismo quiere avanzar en esos puntos debe hacerlo en sesiones presenciales. Con ese argumento se negarán a aprobar la renovación del procotolo de trabajo remoto, salvo que haya consenso, una instancia que venció a fines de julio y desde entonces no fue posible reconstruir.

Esa discusión recrudecerá esta semana y podría llegar a la Justicia. Kirchner presentó el viernes un pedido para realizar una sesión especial el próximo martes y tratar dos proyectos que ya tienen dictamen de comisión: una reforma a la ley de pesca para aumentar las penas a los pescadores clandestinos en el mar argentino y el proyecto que declara emergencia turística, pero que no cuenta con el apoyo de la oposición, que tiene otro. El pedido para el martes es acompañado por dos interbloques que han sido claves desde diciembre: el Interbloque Federal, que reúne a los diputados que se referencian en el exministro Roberto Lavagna, y el conglomerado «Unidad Federal para el Desarrollo», que encabeza el mendocino José Luis Ramón. A ellos se sumó Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

En ellos radica la llave del Frente de Todos para sortear la ausencia de acuerdos con Juntos por el Cambio para reanudar el procotolo remoto o cambiar el reglamento, una opción que podría llegar a Tribunales. Esos mismos minibloques, salvo Sapag, podrán jugar un rol clave con el impuesto a las grandes riquezas, porque en su mayoría están de acuerdo con su creación.

El primer round será este martes en la reunión de Labor Parlamentaria convocada por el titular del cuerpo, Sergio Massa, para analizar la renovación del protocolo. Los cofirmantes del pedido de sesión que impulsó Kirchner sólo están de acuerdo en habilitar el funcionamiento telemático para tratar los proyectos turístico y pesquero, pero miran con desconfianza los movimientos del oficialismo, ante la posibilidad de un intento por tratar en forma acelerada la Reforma Judicial que ya entró a Diputados y será girada, inicialmente, a las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, donde posiblemente se reedite el plenario que se concretó en el Senado, que tuvo seis reuniones virtuales y decenas de expositores. En la presidencia de la Cámara baja  estiman que la cantidad de invitados que expondrán superará los 50 invitados, como una forma de explicar que el tratamiento «llevará el tiempo que tenga que llevar» porque, como dijo Massa esta semana, «no hay apuro». 

Los aliados esquivos del oficialismo desconfían de esa parsimonia y temen que todo cambie repentinamente. Si eso sucede, los acuerdos que se pondrán en juego podrían volar por los aires y fortalecer la posición de Cambiemos que apuesta a frenar la reforma y que el Gobierno la retire. Se lo dijo el senador radical Martín Lousteau al presidente Alberto Fernández durante la reunión que mantuvieron y que habría incluído la presencia del exministro del Interior, empresario y miembro del Comité Nacional de la UCR, Enrique «Coti» Nosiglia. El Presidente conoce a Lousteau hace 15 años y fue quien lo recomendó para que fuera ministro de Cristina Fernández en 2007. El radicalismo no acuerda con los tiempos y los modos de la reforma pero, al igual que el PRO, algunos puntos son de mucho interés, como la transferencia a la Ciudad de los delitos no federales. Lousteau, como senador porteño, sólo le pidió autorización al alcalde Horacio Rodríguez Larreta y como radical al titular del partido, Alfredo Cornejo. Larreta es el macrista más interesado en el traspaso, pero este lunes dijo que apurar el tratamiento «no es la forma». 

La titular del PRO, Patricia Bullrich, no fue consultada. Se enteró por los medios. En su entorno los más duros desconfían de la visita a Olivos. Temen que hayan trazado una hoja de ruta sobre las coincidencias, como el impuesto extraordinario, que tiene apoyos dentro de la alianza opositora.