La Ley aprobada por la Legislatura porteña el mes pasado, que traspasa facultades judiciales al Tribunal Superior de Justicia de la CABA para intervenir en causas de la Justicia Nacional, tuvo respuesta en el parlamento. El diputado porteño del Frente de Todos, Eduardo Valdez presentó hace unas semanas un proyecto de rechazo que casi llegó al recinto en la última sesión, el jueves pasado.  

Al comienzo de la sesión, los legisladores hicieron uso de la figura de apartamiento de Reglamento que significa que la Cámara se puede apartar de su norma básica de procedimiento y permitir un tratamiento distinto de un proyecto siempre y cuando se requiera una mayoría agravada fijada en tres cuartos de los presentes. En ese momento, varios diputados propusieron distintas iniciativas para poder instalar temas en el recinto, ya que ninguna contaba con el número establecido para ser tratada. 

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Según pudo saber Tiempo, la iniciativa de Valdez, que fue acompañada por varios diputados kirchneristas, estaba entre los posibles pedidos de apartamiento de reglamento porque aparentemente en el bloque oficialista querían expresar repudio a la norma porteña y exhortar públicamente al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta a vetarla. Sin embargo, a último momento se desestimó su incorporación. 

El proyecto, es más que nada simbólico, ya que es de resolución, que en términos legislativos significa toda proposición que tenga por objeto el rechazo de solicitudes particulares, en este caso apunta contra la ley sancionada el 30 de septiembre en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que establece transferir, en forma unilateral, competencias judiciales al Tribunal Superior de Justicia de la CABA a fin de que intervenga en causas de la Justicia Nacional con asiento en la Capital Federal. También, pide que el Ejecutivo porteño vete la ley por ser inconstitucional ya que constituye a la Corte porteña en tribunal de alzada de las decisiones de la Justicia Nacional. 

Para el oficialismo, “es evidente” que la transferencia de competencias a una Justicia que se encuentra severamente cuestionada por su falta de independencia e imparcialidad tiene la finalidad de garantizar la impunidad de Mauricio Macri en causas como la de Correo Argentino. En ese sentido, el autor del proyecto, señaló que “avasalla la Constitución Nacional y es un ataque directo a las facultades del Congreso Nacional y al sistema Federal. En el PRO son los republicanos más locos del mundo”. 

El reclamo, desde el Parlamento Nacional está en que “la Legislatura porteña no tiene facultad para modificar unilateralmente los fueros, competencias y jurisdicciones de la Justicia Nacional con asiento en la Capital Federal. Esa decisión debe ser adoptada por el Congreso de la Nación, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución Nacional y la ley marco 24.588”. 

Al respecto, Valdez explicó que “algo similar ocurre con el estatus jurídico que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: por más que muchos actores interesados en profundizar la autonomía pretendan equiparar su estatus jurídico con el de una Provincia, esa decisión sólo puede ser adoptada por este Honorable Congreso de la Nación en virtud del artículo 75 inciso 15 de la Constitución Nacional”.  

Por el momento, el proyecto se encuentra con giro a las comisiones de Justicia que preside el oficialista Rodolfo Tailhade y Asuntos Constituciones, cuyo titular es el pampeano, también del FDT, Hernán Perez Araujo. Mientras, por otro carril, el del Ejecutivo, el ministro de Justicia, Martín Soria recogió la preocupación de las máximas autoridades de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el fuero en donde se resuelven los conflictos laborales de la Capital Federal. Tras un encuentro, la semana pasada los camaristas señalaron su inquietud frente “a las circunstancias que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionara una ley considerando que el Tribunal Superior de Buenos Aires pueda revisar sentencias de las Cámaras Nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. La facultad de legislar al respecto es exclusivamente del Congreso de la Nación”. En el mismo sentido, entendieron que “la comunidad en su conjunto debe dimensionar la importancia de cumplimiento del dispositivo jurídico que distingue la competencia federal, las provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  

Soria, expresó: “No es casual que esta ley haya sido aprobada a las apuradas y de espalda a la sociedad. No se animaron a debatirla en público, porque saben que se trata de un nuevo intento de colonizar la Justicia Nacional del Trabajo, que fue uno de los primeros fueros que atacó la Mesa Judicial macrista. No es la primera vez que buscan eliminar cualquier resistencia a la flexibilización o incluso la eliminación de los derechos laborales. Necesitan una justicia laboral controlada a dedo para poder avanzar contra los trabajadores, pero con estos encuentros estamos dejando en claro que no van a lograrlo”.