Militantes populares de la provincia de Jujuy denuncian persecución política y judicial por parte del gobierno de Gerardo Morales. Aseguran que les están aplicando un código contravencional hecho por el Estado provincial. Describen que es algo muy fuerte que está instalando para disciplinarlos y desarticularlos como grupo por reclamar derechos. Hay muchas causas armadas que muestran la represión que padece el pueblo jujeño, que viene tomando distintas medidas de fuerza ante el atropello institucional.

Dos de los militantes judicializados son Miguel Ramos y Gabriela Garzón, ambos miembros del movimiento Asamblea Trabajo y Dignidad (ATD), “nos imputan al igual que a muchos dirigentes y referentes de distintas organizaciones sociales”, denunció Ramos, en diálogo con Tiempo. Explicó que los jujeños están siendo víctimas “de un código contravencional, que es inconstitucional y todos lo sabemos. Es un manual que inventó la Justicia del gobernador Morales para perseguir a los que reclamamos derechos, a quienes nos oponemos y nos animamos a criticar su política nefasta, a los que denunciamos las irregularidades e injusticias”, expresó Ramos.  

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“En noviembre del 2021 realizamos una marcha grande en contra del hambre y reclamamos trabajo digno. Tras esta medida de fuerza que adoptamos: todos los que participamos de esa reunión -que surgió como diálogo de negociación- al día siguiente fuimos citados por la justicia  y nos notificaron de una contravención”, reconstruyó Ramos. “A mí y a la compañera Gabriela Garzón nos acusan de haber obstaculizado el normal desenvolvimiento del tránsito vehicular y peatonal”, agregó el militante.

Continuó contando que les aplicaron varios de los articulos “del código contravencional del gobernador. También me acusan de no haber tenido un barbijo puesto durante la negociación que conseguimos tras nuestro reclamo colectivo con el Ministerio de Desarrollo”. En relación a las sanciones dijo que le resulta “gracioso que Morales se preocupe de que no contraigamos el virus, siendo que durante todo lo que va de pandemia lo único que hizo su gobierno fue desintegrar y desmantelar el sistema de salud”, denunció Ramos.

Entienden que padecen la trampa judicial como consecuencia de una “sistemática y perversa persecución política que sufre nuestro movimiento Asamblea Trabajo y Dignidad. Tuvimos a un policía -Rodrigo Ezequiel Rosales- infiltrado en nuestra Radio Pueblo que es comunitaria, lo denunciamos el año pasado ante la justicia y aún no tuvimos respuestas”. Ramos aseveró a este diario que en todas las marchas que “hacemos tenemos que sacar a policías infiltrados, vestidos como civiles en medio de nuestras filas. Esto ya es algo común y la verdad es que nos preocupa demasiado esta situación”, advirtió Ramos.

En este sentido cuando Radio Pueblo de Jujuy -el año pasado- alertó sobre el policía infiltrado, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires (SiPreBa) se pronunciaron y repudiaron  el espionaje ordenado por el gobernador Gerardo Morales.

“Somos víctimas de la acusación gratuita. Nos imputan en causas judiciales a compañeros y compañeras todo el tiempo. Nosotros reclamamos porque la gente de los barrios sufre mucha hambre y otras injusticias, como son estas persecuciones políticas” subrayó el militante. Además puntualizó en que el Estado provincial “no está respetando los principios republicanos, la división de poderes, porque la justicia está totalmente al servicio de los intereses políticos, económicos y clasistas del ejecutivo provincial”.

Un código inconstitucional

Cabe destacar que el código contravencional jujeño en su artículo 113 estipula que las personas que obstaculicen la libre circulación vehicular, peatonal, que generen temor a la población, que vulneren los derechos de la población, que alteren el orden establecido: serán multadas, arrestadas y obligadas a realizar trabajos comunitarios. Esta norma no respeta los requisitos constitucionales mínimos porque está creada fuera de los parámetros legales. 

“Esta es la pena con la que nos están castigando, cargamos con eso en nuestras espaldas. Lo peor es que estamos esperando que en breve dicten una resolución sobre todo esto y  necesitamos ayuda”, imploró Ramos. Cerró diciendo que “sabemos que es uno de los tantos artilugios que usa la justicia de Morales para disciplinar a la población y criminalizar la protesta social”.

Radio Pueblo

Roberto Aragón es comunicador de Radio Pueblo, donde estuvo infiltrado el policía Rodrigo Ezeqiel Rosales, quien los espió en sus espacios de trabajo, militancia y que fue denunciado el año pasado cuando lo descubrieron. “En Jujuy la situación es preocupante, venimos observando una escalada contra la protesta social, la criminalización de militantes, referentes sociales e integrantes de organizaciones populares, contra las familias, madres de mujeres víctimas de femicidio, comunidades indígenas que cuidan sus territorios y a toda aquellas personas que defienden los derechos del pueblo”, resumió.  Señaló que lo hacen para “disciplinar y fragmentar el campo popular”.

“La verdad es que el arco militante, político y social de Jujuy está siendo agravado en cuanto a su libre ejercicio, eso para nosotros significa recordar y comentar en la sociedad que nuestro espacio está sufriendo una sobre-persecución” denunció Aragón en diálogo con este diario. Además sostuvo que no solo los castigan con el uso de las contravenciones, “también con causas penales armadas. Tenemos a dos compañeras de la Biblioteca Popular Niños Pájaros, que están acusadas de un delito que no cometieron; amenazas de muerte al gobernador”.

“Pedimos con extrema urgencia el sobreseimiento de estas dos mujeres que son madres, militantes y trabajadoras” enfatizó Aragón. Recordó que por eso vienen aplicando muchas medidas de fuerza reclamando al fiscal Diego Funes, “porque es quien está con la instrucción de la causa. Nuestras compañeras están siendo víctimas de distintas violencias por parte del Estado provincial y la Justicia”.

“Esto es lo que están haciendo en Jujuy con todas las personas que proponen algo distinto para la comunidad, para construir en manera independiente con los vecinos, con el cooperativismo y la autogestión”, remarcó Aragón. “Queremos revertir esta política rancia que nos toca sufrir, que solo responde a los intereses de unos pocos y no a los del pueblo”, agregó.

“La terrible situación de persecución que estamos viviendo nos hace llevar a la reflexión a la sociedad; teniendo en cuenta el terrible y reciente pasado que tenemos como país con la última dictadura cívico-militar”, repasó el comunicador. También aclaró que lo dice por la forma “irregular, represora y continua que está teniendo el Estado y la Justicia del gobernador Morales”.

“Nos está pasando a personas que somos militantes, comunicadores y docentes que trabajamos en la construcción colectiva”, remarcó Aragón. Ahondó en que la sociedad tiene que tomar conciencia sobre “qué pasa entonces con nuestros vecinos, qué queda para la gente”, es por todo ello que “queremos que la sociedad reflexione sobre lo que está pasando a nuestras compañeras y compañeros. Porque le puede pasar a cualquiera y eso es muy peligroso para las personas y la democracia” subrayó el militante.

“Consideramos que este ensañamiento es una respuesta a las elecciones legislativas de 2021 cuando nos presentamos con nuestro partido político AJI20 a disputar las urnas”, reconstruyó Aragón. Explicó que desde entonces se nota con más fuerza el “amedrentamiento a nuestra organización comunitaria que lleva más de veintidós años de construcción en el barrio Alto Comedero, de manera cooperativa y autogestiva con los vecinos”.

“Adherimos a muchas luchas, sobre todo con las que tienen que ver con el hambre, la pobreza y la violencia de género. Defendemos los derechos a la educación, salud, vivienda, recreación, juegos para nuestros niños y niñas”, describió Aragón. Enfatizó en que el objetivo es que “tengan una alimentación saludable”. Finalizó recordando que “somos una construcción de conciencia y clase colectiva. Pretendemos generar cambios sociales para mejorar la vida de nuestros vecinos”.

Imputadas por amenazas a Gerardo Morales

Ana Julia Ramos de 32 años y Marisol Velázquez de 25, son militantes del partido AJI20, trabajan en la Biblioteca Popular Niños Pájaros del barrio Alto Comedero y desde el año pasado están procesadas por la Justicia de la provincia de Jujuy. Están acusadas de haber hecho y divulgado un grafiti en las calles céntricas de San Salvador, el que expresa el deseo de muerte hacia el gobernador Gerardo Morales.

“Nosotras junto a nuestras defensas presentamos pruebas que muestran en forma clara y precisa que ese día nos encontrábamos en nuestras casas”, aseguró Ana Julia a Tiempo. Continuó contando que “yo estaba con Covid-19 y Marisol estaba con su familia”. Por eso “hemos pedido la localización y ubicación de nuestros celulares. Tenemos pruebas suficientes para que el fiscal Diego Funes nos de el sobreseimiento”, enfatizó la docente y militante.

“Entre muchas de las medidas de fuerza que vamos tomando ante esta terrible situación –en los últimos días- nos presentamos en el Ministerio Público de la Acusación para exhibir las pruebas que se encuentran en el expediente de la causa”, aseguró Ana Julia. “Nosotras trabajamos en el barrio Alto Comedero y en otros sectores de la provincia”, agregó.

“Con mi compañera, fuimos candidatas a diputadas provinciales en una lista independiente del partido AJI20 en las elecciones legislativas del 2021. No ganamos, pero obtuvimos un buen número de votos. Para nosotras, esto es una clara persecución judicial y política por mostrar otra forma de hacer política” reconstruyó Ana Julia. Finalizó puntualizando que “después de habernos postulado por primera vez fue cuando empezó todo”.