El escritor alemán Heinrich Böll, en su novela El honor perdido de Katharina Blum (1974), puso al descubierto la dinámica difamatoria de la prensa amarilla al mostrar cómo, en alianza con los servicios de inteligencia y algún juez, puede pulverizar la reputación de una persona. Su personaje principal es una mujer común e intrascendente que pasa una noche con un individuo, sin saber que es un prófugo del grupo guerrillero Baader-Meinhof. Ese simple dato, en manos de un reportero que manipula la verdadera raíz de los hechos, termina por hacer añicos su vida privada. Tanto es así que el fugitivo pasa a un segundo plano y entonces es ella quien copa la escena por esa simple circunstancia. Así funciona la criminología mediática.   

A veces la realidad imita a la literatura. Un ejemplo: el vía crucis de la modelo Florencia Cocucci, cuyo pecado fue haber tenido una relación con el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Esta historia integra la pesquisa efectuada actualmente por la Comisión Bicameral de Inteligencia sobre 30 “precausas” tramitadas por la AFI macrista entre 2016 y 2019, sin otro propósito que hacer espionaje ilegal. Cabe decir que ese término alude a un recurso de legitimidad dudosa–y, en teoría, solo aplicado a hechos muy excepcionales–, que permite poner bajo investigación a una persona sin tener un delito concreto que probar. “Salir de pesca”, así como se dice en la jerga tribunalicia. Un gran número de magistrados federales solía aceptar con sumo beneplácito la invitación a semejantes excursiones, pero con el compromiso de destruir los registros obtenidos–audios e imágenes– tras un plazo razonable, en el caso de no haberse encontrado ninguna trapisonda. Una obligación de incumplimiento recurrente.

A simple vista, la dinámica del asunto era de manual: los agentes de la AFI grababan al prójimo, los medios afines difundían sus dichos, y los fiscales los llevaban a indagatoria. Tal circuito se cumplía a rajatabla.

El caso más paradigmático en la materia fue la pinchadura al teléfono del ex jefe de la AFI kirchnerista y actual senador, Oscar Parrilli. La excusa: averiguar si se había llevado documentación del organismo. El objetivo real: registrar sus diálogos con CFK. La jueza federal María Servini de Cubría se prestó muy gustosa a la maniobra, al igual que los jerarcas judiciales a cargo del área encargada de interceptar comunicaciones: Martín Irurzun, Javier Leal de Ibarra y Juan Rodríguez Ponte. Las charlas en cuestión comenzaron a ser televisadas en enero de 2017 por todos los programas amigos del gobierno, sin excepción. Y sus editorialistas, casi a coro, enumeraban un cúmulo de actos inmorales y graves delitos por parte de la ex presidenta: desde pronunciar malas palabras hasta urdir una conspiración contra el célebre espía Horacio Stiuso, además de presionar a jueces del fuero federal e incurrir en el tráfico de influencias. Lo cierto es que aquel material tuvo una excelente acogida por parte del público

Lo de la modelo Cocucci recién ahora salta a la luz en toda su magnitud. Bien vale reparar en su operatoria.

Comenzaba agosto de 2016. La causa por la muerte de Nisman, después de serle arrebatada a la fiscal ordinaria Viviana Fein, ya estaba bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini. Una garantía para satisfacer un preciado deseo de Mauricio Macri: demostrar que el suicida había sido asesinado. Con tal fin hubo que presionar a esa mujer de 25 años para que su testimonio favoreciera aquella impostura.

La solicitud de la AFI al juez federal Sebastián Ramos para iniciar esa precausa no tuvo desperdicios. Y se refería a la planificación de “un atentado terrorista a ejecutarse en España y Francia” por un grupo “Yihadista (sic) que estaría integrado por personas de diferentes nacionalidades”. Agregaba que el plan fue denunciado a la policía española por “un individuo identificado como Juan Carlos” y que “se encontraría implicada la ciudadana argentina Florencia Cocucci”. El formulario fue firmado por dos cabecillas de Asuntos Jurídicos del organismo: Hernán Martiré Palacios y José Padilla.

El fisgoneo sobre ella fue arduo: seguimientos, escuchas e imágenes que se extendieron a familiares y amigos. Todos vinculados –según la AFI– con la presunta red islámica.

Como parte del hostigamiento, recibía llamados telefónicos en las que voces anónimas le soltaban datos privados obtenidos en las escuchas: lo que había cenado anoche, que al día siguiente iría a una óptica y que el perro tenía un problema urinario, entre otros detalles. Tales informaciones se encontraban debidamente asentadas en los denominados “Legajos de investigación”.

En tanto, alguien distribuía en algunas redacciones una denuncia falsa en su contra por estafa, firmada con un nombre de fantasía. Sobre tal asunto el portal Infobae dedicó tres “informes exclusivos”. Y la revista Noticias, el siguiente título: “La extraña dama de Nisman”, con la siguiente bajada: “Se recluyó en Mar del Plata y está paranoica”. En tanto, los esbirros de la AFI no le perdían el rastro. Además era extorsionada con un video íntimo. Y recibía amenazas de muerte, mientras que en los alrededores de su domicilio merodeaban vehículos ocupados por sujetos de mala traza.

Su vida se había convertido en una pesadilla.

Delicias del macrismo explícito. «