Desde hace dos meses, cuando el juicio por los crímenes del Regimiento de Infantería de Mercedes entró en su etapa final, Bárbara García se despierta todos los días a la madrugada. Se desvela a la misma hora que 46 años atrás la patota del Ejército entró a su casa de Haedo y se llevó secuestrada a su mamá, Rocío Martínez Borbolla. Ella tenía ocho años y su hermano Camilo, cuatro. 

Espera con ansiedad el veredicto que el Tribunal Oral Federal 2 de CABA continúa postergando: iba a ser este viernes 5, pero lo demoraron por la agenda del juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández por la causa “Vialidad”, en el que están dos de los tres jueces, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini.  Finalmente, el próximo miércoles a partir de las 18 horas será la lectura del fallo que se podrá seguir de manera presencial en Comodoro Py, mientras que afuera del edificio se instalará una pantalla para poder ver la trasmisión y acompañar a los familiares de las víctimas. 

“Estoy tachando los días. Necesito empezar mi vida. Tengo 55 años y no viví, o sea, sí, viví, pero no viví. Toda mi familia vivió con esta cruz, que es la búsqueda de qué pasó con mi mamá, de que se juzgue a quienes tuvieron que ver con su desaparición, por eso digo que mi vida va a empezar el día después del veredicto. Veremos de qué manera, si empiezo a vivir realmente como necesito, habiendo hecho justicia y sin la mochila que cargué durante 46 años… No me quiero imaginar un fallo negativo, no puedo ni pensarlo”, señala en diálogo con Tiempo, pero aclara que el comportamiento del Tribunal durante el juicio le genera “pocas expectativas”.

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En el juicio están acusados los exmilitares Emilio Morello, Martín Sánchez Zinny, Rubén Osmar Andrade, Luis Alberto Brun y Horacio Linari. Para todos ellos, la fiscalía y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del CELS y la de Bárbara y Camilo García, representada por Pablo Llonto, pidieron prisión perpetua.

Rocío Ángela Martínez Borbolla, la madre de Barbara y Camilo, era docente y había sido una de las fundadoras de CTERA en el oeste del conurbano bonaerense. Militaba en el PRT-ERP. El 14 de junio de 1976 fue secuestrada junto a su pareja Pedro Oscar Martucci, y ambos permanecen desaparecidos.

Recordar esa noche todavía la angustia. “El grito de mi mamá pidiendo por sus hijos lo siento ahora mismo. Esa noche no solo la recuerdo intacta sino que cambió nuestras vidas para siempre”, dijo Bárbara durante el juicio.

La cara de Sánchez Zinny, ese militar que la golpeó con un arma, que se reía y la amenazaba con matarla a ella y a su hermano, le quedó grabada. “¿Qué vamos a hacer con ustedes?”, se preguntaba. Años después, lo reconoció entre cientos de fotos como uno de los responsables del secuestro de su madre. A partir de eso, el exmilitar le inició una demanda penal por falso testimonio que, si bien fue rechazada en varias instancias, espera desde hace más de un año una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“¿A mí quién me devuelve todo el sufrimiento que me causó el estar bajo el programa de testigos protegidos, estar todo el tiempo con un telefonito con botón antipánico, que te llamen y que tengas que reportarte todo el tiempo y si no salís te llaman ellos, te siguen cuando salís o te preguntan hasta cómo estás vestida? Así es todos los días desde hace dos años y medio, desde que el tipo me metió la demanda”, destaca Bárbara y agrega: “Si lo condenan pero sigue en domiciliaria para mí es un fracaso. El peligro que significa, porque está en su domicilio sin tobillera eléctrica, entonces uno nunca sabe qué hace, qué movimientos puede tener ese tipo. Está perfecto de salud, no tiene motivo alguno para no estar donde tiene que estar, que es en una cárcel común”.

El llamado de Aldo Rico a sus “camaradas” a “organizarse” contra las autoridades democráticas sólo sumó tensión al final del debate, en el que hay dos excarapintadas que participaron de los alzamientos contra el gobierno de Raúl Alfonsín: Sánchez Zinny y Emilio Morello, quien incluso fue diputado nacional por el MODIN, partido fundado por Rico.

El juicio para Barbara fue muy desgastante. “Todos los viernes, en todas las audiencias, reviví la historia”, contó. También lo fue para el resto de las familias, que no pudieron declarar luego de que Alberto Ramón Schollaert, exjefe del Regimiento, fuera apartado por incapacidad sobreviniente. De las 37 víctimas originales, la mayoría militantes del PRT – ERP y vinculadas con la redacción, impresión y distribución de las revistas Estrella Roja y El Combatiente, en la que Rocío Borbolla era editora, quedaron sólo 5 por las que están acusados el resto de los imputados.

Bárbara y su hermano declararon como testigos en febrero de este año. La audiencia fue durísima, con ataques permanentes hacia los dos sobrevivientes por parte de la defensa de Sánchez Zinny, llevada adelante por Ricardo Sain Jean, hijo del gobernador bonaerense durante la dictadura, que intentó en todo momento desacreditar los testimonios que vinculan a la excarapintada con los hechos. “Presidente, yo de acá me voy con miedo”, le dijo Bárbara a Feliciano Ríos al finalizar su testimonio. El juez no se hizo cargo.

También hubo otros testimonios importantes, como los de exconscriptos que reconstruyeron la participación de los acusados en el masivo operativo del 10 de julio de 1976 en la imprenta del PRT que funcionaba en una casa de San Andrés, partido de San Martín, y presenciaron el secuestro y tormentos al dirigente Pablo Pavich, el secuestro de una persona sin identificar y el homicidio de Jorge Emilio Arancibia. «