Casi sin repercusión ni cadenas espontáneas de transmisión, los abogados defensores de dos de los imputados en el juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2019 utilizaron menos de tres horas cada uno para refutar con argumentos y documentos las acusaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. 

La estrategia común parece simple: cada uno defiende lo suyo, pero entre todos demuestran las endebleces de las nueve jornadas de nueve horas cada una que usaron los fiscales para construir la acusación y el pedido de penas. 

Esta mañana, Luis Alonso Martínez, el defensor de Mauricio Collareda, ex titular de Vialidad Nacional en el Distrito 23 (que correspondía a Santa Cruz) utilizó la declaración de un funcionario del gobierno de Mauricio Macri ante la fiscalía para demostrar que no había existido delito por parte de su defendido. 

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Se trata de Leandro Martín García, quien fue designado al frente del distrito en el que se desempeñaba Collareda por la gestión en Vialidad de Javier Iguacel. García estaba en Tierra del Fuego y fue trasladado en 2016, apenas asumió Iguacel y ordenó aquella auditoría que arrojó resultado negativo en cuanto a irregularidades en Santa Cruz.

Alonso Martínez leyó su testimonio, que los fiscales utilizaron acaso con un recorte parcializado como parte de sus más de 80 horas de acusación. ¿Qué dijo García? A preguntas de los fiscales señaló que el estado de la repartición santacruceña no difería de otras del resto del país y que “no había visto una situación que pudiera calificar como anómala”.

Es que en la construcción de los fiscales, según reconstruyó el abogado de la defensa, Collareda era poco menos que una figura decorativa en una oficina nacional de Vialidad que no tenía razón de existir. A tal punto que los propios fiscales dijeron que se podían haber ahorrado esos sueldos, porque sólo estaban para recibir documentación que se podría haber mandado por correo a la sede central del organismo.

Sin embargo, de “no hacer nada”, Collareda pasó en el alegato acusador a ser una pieza clave en el supuesto engranaje de corrupción que aseguran los fiscales que existió en torno a la obra pública en Santa Cruz. De la nada al casi todo en apenas un paso.

El defensor demostró, además, que no existía una relación de amistad entre Collareda y Lázaro Báez. Que los fiscales no pudieron demostrar tal cosa y que, en todo caso, quien había buscado forzar esa presunción había sido justamente Iguacel, en su obstinación por investigar la obra pública en Santa Cruz y no en otros distritos del país. De hecho, sólo hay un juicio por los contratos viales, el de Santa Cruz, pese a que en 12 años se construyeron carreteras en todo el país. 

“Constitucionalicidio”

El lunes, en la primera audiencia de alegatos (que no tiene ni la centésima parte de difusión que las nueve jornadas de los fiscales) el abogado Mariano Fragueiro Frías –quien defiende al ex titular de Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro- directamente desnudó lo que denominó “un constitucionalicidio”.

Fragueiro Frías es descendiente de Mariano Fragueiro, presidente de la Convención Constituyente que sancionó la Carta Magna de 1853. En vivo en el tribunal y ante los jueces dio una clase de derecho constitucional tan directa que causó asombro por su simpleza y contundencia. Explicó que la Constitución Nacional consagra el sistema federal, que las provincias tienen autonomía, que el Estado Nacional no tiene facultades para meterse en sus asuntos y que hacerlo viola un principio básico de la República.

Entonces siguió –también en menos de dos horas- una demostración de por qué su defendido debería ser declarado inocente: las obras por las que los fiscales le pidieron cuatro años de cárcel fueron ejecutadas por la Provincia de Santa Cruz, con fondos provinciales que, además, estaban previstos en el presupuesto. ¿Por qué hay jueces y fiscales federales juzgando esa situación?

No fue ese el único argumento. Las obras por las que se elaboró la acusación fueron ejecutadas, controladas y concluidas. Todos los organismos que las auditaron concluyeron en que no hubo irregularidades. Sin embargo, para los fiscales forman parte del entramado de corrupción por el cual pidieron penas de hasta 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, a quienes equiparan (con matices) en roles jerárquicos dentro de una “asociación ilícita”.

Decisión tomada

Lo que se insinúa como estrategia común tiene ropaje de defensa individual que confluye en una descalificación colectiva al alegato acusatorio de los fiscales. Si cada defensa demuestra que los fiscales erraron en la imputación a cada uno, la suma de las partes terminará por desacreditar el todo. 

¿Alcanzará para torcer el final de la historia? Hoy no lo parece. Más aún: cualquier esfuerzo individual y/o colectivo parece destinado a chocar contra una decisión que parece tomada desde hace rato.