El documento de los jefes comunales cuestionando a los cortesanos. Cómo quedó el mapa de apoyos y cambios de posición.
El apoyo de la FAM se suma a la avanzada de los 11 gobernadores peronistas que firmaron el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Surpema, luego de que los mandatarios peronistas Sergio Uñac, de San Juan, y Gustavo Bordet de Entre Ríos se bajaran del pedido de juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La FAM, presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, considera que «múltiples son los hechos que acreditan el mal desempeño de los miembros de la Core», como la «violación a la Ley de Ética Pública», que establece la excusación de los magistrados a intervenir en causas relacionadas con clientes de sus antiguos estudios jurídicos.
«Tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura, para sumergirlo en una parálisis histórica, ya que solo se reunieron dos veces en seis meses. Con estos miembros en la Corte, los argentinos y las argentinas no podemos sentir la custodia de nuestros bienes, ni el honor, ni la libertad, ni tampoco el patrimonio porque, justamente, ellos son los que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y los principios esenciales», remarcaron.
En tanto, más diputados salieron a respaldar la iniciativa del juicio político a la Corte entre ellos la entrerriana Blanca Osuna. Aseguró este jueves que “hay una situación concreta que afecta a todas las provincias y una clara evidencia de connivencia entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el asesor de la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles. Eso deja en claro que hay una connivencia en el fallo de la coparticipación”.
Osuna se sumó a las declaraciones del secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky, quien sostuvo a FM La Patriada que «es un hecho importantísimo que el presidente haya tomado la determinación de iniciar este juicio político, más allá de lo que después depare el tratamiento. Hay muchas cosas que en la ciudadanía tienen que conocerse y este proceso lo va a facilitar. Hay un aparato de justicia en connivencia y subordinación permanente con el poder real».
Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau sostuvo que Marcelo D’Alessandro, quien se tomó una licencia forzada tras la difusión de los chats, «debería renunciar o lo deberían haber renunciado porque es enorme la gravedad de hechos que se revelaron de sus conversaciones», afirmó.
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