Al tiempo que el proyecto de la privatización de la Costanera Sur no fue tratado en la Legislatura porteña, porque el oficialismo no consiguió los dos tercios de los votos requeridos como una cuestión de privilegio, el bloque de Legisladores del Frente de Todos había expresado su “preocupación por el convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA por el cual se pretende habilitar la construcción de torres de 45 pisos en zonas linderas a la Reserva Ecológica Costanera Sur”.

En la declaración se recuerda que “el proyecto ingresó a la Legislatura y obtuvo dictamen en un plazo récord de siete días sin tener siquiera giro a la comisión de Espacio Público y obturando cualquier instancia de debate genuina de cara a la sociedad”.

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Así mismo se refiere a que la propuesta remite a “las características de un barrio cerrado, a pesar de que dicha figura está prohibida por el Código Urbanístico” y luego apunta a que se trata de una “muestra más del mecanismo de mercantilización de la norma urbanística, a contramano del objetivo de bien común que deberían tener las mismas”.

Finalmente que estas políticas “consolidan un modelo de Ciudad excluyente y expulsivo que contribuye a elevar el precio de la tierra y por ende profundiza las dificultades en el acceso a la vivienda”. Y como conclusión convoca al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta “a velar por los derechos y deseos de los porteños y porteñas, en lugar de representar los intereses, una vez más, de los especuladores inmobiliarios”.

El texto completo del comunicado es el siguiente:

El proyecto ingresó a la Legislatura y obtuvo dictamen en un plazo récord de siete días sin tener siquiera giro a la comisión de Espacio Público y obturando cualquier instancia de debate genuina de cara a la sociedad. Asimismo, carece de los estudios de impacto ambiental requeridos por el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad. A su vez, tampoco se analizó la integración que tendría en relación al barrio Rodrigo Bueno ni se informó o consultó a las autoridades de la Comuna 4, donde se ubica el proyecto.

Cabe recordar que las tierras en cuestión fueron cedidas por el Estado Nacional al Club Atlético Boca Juniors en la década del ‘60, a los fines de instalar allí una ciudad deportiva. Dicho objetivo se vio desvirtuado por leyes posteriores y el predio terminó en manos de la empresa IRSA por la suma de 50 millones de dólares. Se trata de la parcela privada más grande de la ciudad, con una superficie total de 70 hectáreas que equivalen a medio barrio de San Telmo con el aditivo de tratarse de tierras costeras.

Preocupa especialmente el hecho de que la propuesta remite, por localización, diseño, tipologías y redacción normativa, a las características de un barrio cerrado, a pesar de que dicha figura está prohibida por el Código Urbanístico. Al mismo tiempo, es una muestra más del mecanismo de mercantilización de la norma urbanística, a contramano del objetivo de bien común que deberían tener las mismas.

Esta iniciativa viene a profundizar la intención de privatizar la costanera que fue rechazada por la ciudadanía en Costanera Norte ante el proyecto del emplazamiento de torres de 10 pisos en Costa Salguero, y que ahora avanza sobre la Costanera sur.

Políticas como esta consolidan un modelo de Ciudad excluyente y expulsivo que contribuye a elevar el precio de la tierra y por ende profundiza las dificultades en el acceso a la vivienda. Convocamos al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta a velar por los derechos y deseos de los porteños y porteñas, en lugar de representar los intereses, una vez más, de los especuladores inmobiliarios.

Bloque Frente de Todos
Legislatura Porteña