La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y, sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío del Gobierno. Hay muchos factores que inciden en la inflación y todos tienen que ser atacados coordinadamente.

Uno de los desafíos más grandes que tiene la sociedad argentina es enfrentar al fatalismo. Derrotar la falsa creencia que quieren instalar que la Argentina no tiene salida.

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La Argentina ha recibido 112 millones de dosis de 7 laboratorios diferentes, con eficacia y seguridad probada, logrando de esta manera una cobertura de la población del 89 % con primera dosis, 79 % de esquema completo y más de 13 millones de dosis de refuerzo.

La economía asistió a un fin de año de 2021 exhibiendo una profunda recuperación del 10,3 % del PBI, muy superior a la esperada. Esa recuperación nos permitió revertir la caída generada por la pandemia en 2020”.

La industria sin dudas fue otro factor relevante que explica el crecimiento. En 2021 no solo recuperó lo perdido en 2020, sino que se ubicó 7 % por encima de 2019. Esta reactivación industrial fue una de las más aceleradas del mundo comparando contra 2019”.

Las exportaciones de bienes tuvieron una fuerte recuperación en 2021 y alcanzaron los 77.900 millones de dólares, el mayor valor desde 2012, impulsadas por los precios y por las cantidades.

El empleo formal se viene recuperando mes a mes desde fines de 2020 y está revirtiendo el daño generado por la doble crisis que mencionamos al iniciar este discurso. La tasa de desocupación fue del 8,2 % en el tercer trimestre de 2021, la menor en más de tres años.

Es hora de reconocer, visualizar y registrar las actividades de la economía popular. Debemos avanzar en su productividad y crecimiento construyendo nuevas generaciones de derechos.

Necesitamos dotarla de créditos para que la producción impulse hacia arriba a los sectores más postergados. Debemos facilitar que el Estado compre sus insumos y haga partícipes a las cooperativas de trabajo en las pequeñas obras públicas que el Estado realiza. Es necesario impulsar su inclusión a través de un monotributo productivo que simplifique su formalización.

Deuda con el FMI

En el año 2018 el entonces presidente Mauricio Macri, decidió endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, por un monto total de 57 mil millones de dólares.

Conocimos esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda.

El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable.

Los compromisos asumidos en 2018 eran definitivamente incumplibles teniendo en consideración el desmadre que la economía mostraba. Téngase en cuenta que tan solo en este ejercicio 2022, Argentina se comprometió a pagar en concepto de capital e intereses la suma de 19 mil millones de dólares. Y se comprometió a pagar una suma aún mayor el año próximo. Estoy hablando de cifras que no tienen precedentes en la historia universal de la economía moderna. 

El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber como ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino.

Justicia

Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos.

Déjenme hacer una observación. En el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital. A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario.

La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo.

Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial.

En la Argentina de hoy no hay espionaje político. No se intervienen teléfonos sin causa judicial. En la Argentina de hoy cada uno piensa y dice lo que se le da la gana.  El secreto no puede ser NUNCA MÁS la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció.