En el transcurso de pocas horas, una opaca trama de complicidades convirtió un atendible reclamo salarial en algo parecido a un acto de sedición, ciertamente desestabilizador, con patrulleros de la Policía Bonaerense rodeando la Quinta de Olivos.

La imagen es sobrecogedora, en un país en el que un expresidente, hace apenas dos semanas, intentó naturalizar la inevitabilidad de los golpes de Estado en la Argentina, y en una región donde las policías han colaborado activamente, como en Ecuador, en acciones destituyentes.

Decenas de policías rodearon Olivos este miércoles (cuando, si realmente reclaman por sus salarios, deberían hacerlo en La Plata), con bocinazos y sirenas y automóviles policiales estacionados rodeando todo el perímetro de la residencia. Horas antes, un hombre había sido detenido por arrojar una molotov contra uno de los paredones.

En el clima enrarecido de las marchas policiales, el despliegue en Olivos de una protesta armada evidencia la imposibilidad de negociar condiciones laborales frente a uniformados en estado de rebelión.

Así lo denunció buena parte del arco político. “Todos los actores democráticos tienen que salir a condenar la manifestación policial frente a la quinta de Olivos. Todos comprendemos el legítimo reclamo salarial de la fuerza, pero también sabemos lo peligroso que es mantener una paritaria armada rodeando al presidente de la Nación”, tuiteó Leandro Santoro.

Desde el sindicalismo, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital y adjunto de la CTA, había segurado más temprano que esto «no es más que un eslabón más de la derecha” y que “podemos pensar en un golpe de Estado blando». Si el conflicto escala, dijo el dirigente, «debemos estar atentos porque ya tenemos experiencias en la región con los mismos mecanismos, como en Bolivia o Ecuador, cuando los medios fogonean y la derecha avanza, los sectores populares vamos a tener que ir a ganar la calle nuevamente si está en riesgo la democracia».

“No puede haber grieta ni fisura en esto. Lo que están haciendo en Olivos algunos agentes de la Policía Bonaerense es inaceptable”, escribió en redes Victoria Donda, titular del Inadi. “Todo el arco político debe repudiar y condenar esto. La democracia no puede ser extorsionada”.

Por su parte, el diputado José Luis Ramón expresó: “Repudio el ataque a la Quinta de Olivos. En los últimos días hemos sido testigos de este tipo de accionar que va en contra de cualquier tipo de diálogo democrático. Desde la clase política debemos llamar a la reflexión a la sociedad toda y unirnos en este momento”.

En medio de un silencio estrepitoso de Juntos por el Cambio, y con un mensaje oficial del bloque de la UCR en Diputados que no condenaba el accionar policial sino que exigía al gobierno resolver inmediatamente sus reclamos, fue extrañamente su colega Fernando Iglesias el primero en pronunciarse en Twitter “a favor de las legítimas reivindicaciones de la Policía Bonaerense, en contra del reclamo frente a la Quinta de Olivos”.

Poco después, cuando el tuit de su bloque ya había sido borrado, se expresó el diputado facundo Suárez Lastra: “La quinta de Olivos no es el lugar donde el personal de la policía de la Provincia de Buenos Aires debe hacer sus reclamos. Este accionar genera incertidumbre y preocupación. No es el momento, el lugar ni el modo.”

Más tarde llegaron los tuits de Mario Negri («no se puede poner en jaque las instituciones democráticas de ese modo») o Ricardo Gil Lavedra («deben cesar de inmediato en esa actitud que atenta contra los poderes públicos y el orden constitucional».

Pasadas las 15, desde las organizaciones sociales se convocó a movilizar a Olivos, donde a partir de las 20 habrá una vigilia “en defensa de la democracia y la paz”. Se pide ir con velas y barbijo y manteniendo la distancia social.