La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, abrió el debate sobre el proyecto del Poder Ejecutivo de reforma judicial en el Senado de la Nación en el marco del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. La oposición centró sus críticas en los costos económicos que significaría la implementación de la reforma y la ministra les respondió que “la justicia no es un gasto sino una inversión”.
Como anticipó Tiempo el domingo, la funcionaria explicó este martes a los senadores -por videoconferencia- que la importancia de la propuesta del gobierno es brindar a los ciudadanos “un servicio de justicia que funcione”. En ese sentido, señaló que “tiene un objetivo claro y concreto: que los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente, eficaz, cercano, y que la respuesta a su conflicto llegue en un plazo razonable”.
Luego de su exposición, los senadores de Juntos por el Cambio pidieron que la iniciativa pase por la Comisión de Presupuesto y Hacienda por los costos económicos que significaría su aplicación. “Es un proyecto a medida con la política”, dijo la senadora de Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez y acto seguido indicó: “Teniendo en cuenta que el próximo presupuesto va a tener 10 puntos de déficit, no le parece que hay que poner los pies en la tierra y cubrir las 1523 ternas que están bajo análisis del Poder Ejecutivo y no se cubren, los 134 concursos que están en el Consejo de la Magistratura y las 70 renuncias que han tenido con las jubilaciones que son unas 357 vacantes que solamente cubriéndolas podrían dar oxígeno a la justicia”, agregó.
Tras una serie de cuestionamientos en el mismo sentido, a la hora de tomar el guante Losardo ofuscada expresó: “Me aqueja y me sorprende que estén viendo a este proyecto como si hubiera una oportunidad política cuando es una oportunidad para fortalecer la democracia”.
En tanto, a lo presupuestario, manifestó: “Quiero decirles que esta reforma está concebida en partes y en la medida de las partidas presupuestarias”. Además, aclaró: “Para nosotros la justicia no es un gasto, es una inversión. Cuando nosotros tenemos jueces o expedientes que tardan 26 años como la investigación de la AMIA que no podemos cerrarla o cualquier otra investigación tenemos que pensar cuál es el costo que tenemos en esos años de justicia ineficiente, que no resolvemos un tema”.
“El ciudadano necesita justicia, las plazas se llenan de gente pidiendo justicia. ¿Qué le decimos al ciudadano, que no hay plata? Esto es lo mismo que decir no tengamos escuelas porque es un costo”, agregó la titular de la cartera judicial.
El proyecto
La funcionaria señaló que el proyecto se basa en tres dimensiones de la Justicia Federal: el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de la CABA; el fortalecimiento de la Justicia Civil con el fuero Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la CABA; y el fortalecimiento de la Justicia Federal con asiento en las provincias.
En la primera dimensión, se propone la unificación del fuero Criminal y Correccional Federal con el Nacional Penal Económico, fusionando la competencia y acopiando las estructuras de todas sus instancias, para crear un nuevo fuero que pasará a denominarse Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según detalló la ministra, la intención del proyecto es evitar “la morosidad en el trámite de las causas, así como también la sobrecarga de trabajo, los movimientos espasmódicos que se producen en ciertos casos, los mediáticamente relevantes según la coyuntura política en cada momento. Las investigaciones duran plazos excesivos, años y esto explica en muchos casos que la elevación de las causas a juicio se realice en un momento tan lejano que el hecho ya no reúna ni las pruebas y muchas veces alcanza la prescripción”.
Asimismo, frente a las críticas formuladas por legisladores opositores que señalan que la reforma busca impunidad para la vicepresidenta Cristina Fernández, Losardo dejó en claro que “las causas en trámite continúan ante el mismo juzgado y el mismo juez”, con lo cual la reforma “está lejos de ser caratulada como una garantía de impunidad”.
En cuanto a la esfera del nuevo fuero Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la CABA, señaló que en este caso habrá una sola Cámara de Apelaciones compuesta por nueve salas, de las cuales cinco hoy corresponden al fuero Contencioso Administrativo y cuatro al Civil y Comercial. En cuando a los juzgados de primera instancia, se crearán 23, con dos secretarías cada uno.
Por último, la funcionaria se refirió a la justicia Federal con asiento en las provincias y en ese punto, señaló que se retomó el proyecto de Justicia 2020 que había sido presentado durante el gobierno de Mauricio Macri por senadores que hoy son parte de la oposición a la presidencia de Alberto Fernández.
“Se propone la creación de juzgados penales de primera instancia en las distintas jurisdicciones provinciales para agilizar, profundizar delitos que realmente hay que combatir como la trata, narcotráfico y contrabando”.
