Avanza la causa por la concesión de rutas a líneas aéreas low cost, que tiene entre los imputados al presidente Mauricio Macri, a su padre Franco y al vicejefe de gabinete Mario Quintana, entre otros funcionarios. El juez federal Sergio Torres pidió informes sobre viajes oficiales en la flota presidencial o en aviones de empresas privadas, entre otras medidas de prueba y operativos.

Torres pidió informes a la Secretaría General de la Presidencia, a Aerolíneas Argentinas, a la Inspección General de Justicia y a la Secretaría General de la Presidencia, entre otras empresas y organismos. El juez pidió un detalle de los viajes oficiales desde el 10 de diciembre de 2015 al presente, en la flota de aviones presidencial o bien en aeronaves rentadas al sector privado. Además se requirieron datos sobre una licitación pública hecha para contratar un servicio de transporte aéreo interno para viajes institucionales, informó la agencia Télam.

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A Aerolíneas Argentinas, se le solicitó informes sobre un dictamen jurídico relativo a las condiciones para los accionistas mayoritarios extranjeros a la hora de ser propietario de una empresa aérea para vuelos de cabotaje y copia de acuerdos de cooperación firmados con la empresa Sol.

También se pidieron informes sobre la empresa Avian y si la misma pidió que se le asigne un hangar en el aeroparque Jorge Newbery. A Aeropuertos Argentina 2000, se le pidieron detalles sobre la cancelación de deuda por parte de las empresas Macair Jet SA y Baires Fly SA.

La denuncia fue presentada por los diputados nacionales del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié.

En esa denuncia se aludió a supuestas irregularidades como la venta de la empresa Macair, del grupo económico de Franco Macri, a la colombiana Avianca, contrataciones estatales con esta empresa y luego su entrada al país para operar rutas, en perjuicio para Aerolíneas Argentinas.