«Como informó el primer ministro (Justin) Trudeau, le comenté que el viernes vamos a contestar el Informe del panel de Naciones Unidas. Además les hemos extendido una invitación para que vengan a visitar Jujuy y la Argentina y por sí mismos chequear lo que informa Jujuy: que se están respetando todos los derechos humanos y todas las leyes vigentes en la Argentina», contestó el presidente Mauricio Macri al lado de su par canadiense, cuando la prensa les preguntó sobre la detención de Milagro Sala, un tema que se integró a la agenda internacional de la administración de Cambiemos. Fue a partir de una carta que Amnistía Internacional le hizo llegar al visitante. Así lo admiten dentro de la Casa Rosada, aunque buscan bajarle el tono al asunto: «Fue un tema menor, que no estaba en agenda y que sólo surgió con una carta, el hombre preguntó, le explicaron, y la cuestión duró solo dos minutos», explica un vocero de Balcarce 50 para negar la incomodidad presidencial.

En rigor, el malestar existe, pero la decisión del gobierno, y también del PRO, es «no ceder ante las presiones internas y externas, menos ahora que lo mencionó Trudeau y que nos acusan de tener a una presa política», contestó a Tiempo un joven integrante de la conducción del partido amarillo. Con esa presunta certeza, el gobierno buscará ganar tiempo con los mecanismos formales que le permitan aprovechar los 180 días de plazo que fijó el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fuentes de la Cancillería explicaron que el informe que Macri dijo entregar el viernes será girado al organismo «entre lunes y viernes», «para que vengan, conozcan y entiendan de qué estamos hablando, no le vamos a pasar la pelota a la justicia jujeña, son ellos los que tienen la pelota, y exigiremos que se cumplan los derechos, pero el tema esta en los tribunales jujeños». En los estrados provinciales late una estrategia legal diseñada por el gobernador jujeño Gerardo Morales para rodear a la líder de la Tupac Amaru de causas judiciales que impidan su libertad. Ese cerrojo de denuncias contra Sala es parte del malestar oficial con el mandatario provincial, que el miércoles pasado firmó el decreto 2467, donde le ordenó a la Fiscalía de Estado para que «en su caracter de querellante en los casos que se investiguen hechos de corrupción que estuvieran vinculados con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, se presente ante los jueces, tribunales y fiscalías respectivas dando cuenta de la existencia de la mencionada opinión», para que informen las medidas que tomaron contra Sala. Luego de recibir las respuestas judiciales, la Fiscalía de Estado deberá entregarle un informe a Morales, que luego será enviado a Buenos Aires o, posiblemente, entregado a los miembros del Grupo de Trabajo y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también será invitada a visitar Jujuy.

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Todos esos movimientos buscarán contener a los funcionarios de la ONU, pero «no ceder sobre la libertad de Sala, porque es un tema judicial», anticipó una fuente consultada. «Es cierto que los comentarios que hace Morales sobre Sala no ayudan, sería mejor que no los hiciera, pero no deberían influir en nada», atajó otra fuente oficial sobre la sorpresa que reconocen algunos legisladores y funcionarios cuando escuchan la inquina del gobernador jujeño con la líder de la Tupac que en poco tiempo cumplirá un año en prisión.

Las lecturas oficiales surgen luego de la reunión que encabezó el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj con los miembros del Comité por la Libertad de Sala. En la cita estuvieron el secretario de Justicia Santiago Otamendi y el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Brian Schapira, frente a Alejandro «Coco» Garfagnini, Estela Díaz, Aníbal Ibarra, Eduardo Tavani y Ricardo Carrizo, diácono del movimiento de Curas en Opción por los pobres. Las mesas de intercambio se realizan cada 15 días y habrá una nueva cita esta próxima semana, luego de que Avruj haya regresado de Ginebra.

«Creemos que la invitación a los organismos es una maniobra dilatoria para no cumplir con la resolución que dice ‘inmediata libertad’. En esa reunión los funcionarios plantearon ‘como novedad’ que el gobernador Morales había publicado el decreto», señaló la integrante del comité en referencia a la estrategia oficial para ganar tiempo. «No vemos una fuerte voluntad política respecto de cumplir con las Naciones Unidas. Sólo están dando pasos formales, que no pueden evitar porque están presionados, dijo Garfagnini, luego de advertir que el gobierno «al no liberar a Sala, incumple con tratados internacionales. Por eso van a seguir teniendo problemas con la relación de todos los países del mundo, como pasó con Canadá”.

El próximo miércoles, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto visitará a Sala en la cárcel de Alto Comedero, acompañada por Victoria Montenegro (nieta restituida), Carlos Pissoni (HIJOS Capital) y Lita Boitano (de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas). No se descarta que se sume Taty Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Luego de esa jornada, el sábado próximo se reunirán los más de 60 Comités por la libertad de Milagro Sala en Jujuy para discutir la estrategia de acción hacia adelante, bajo la consigna definida «Por una Navidad sin presos políticos». Un título que el gobierno busca evitar por todos los medios, a pesar de la decisión oficial de ganar tiempo y no liberar a Sala. «