A la ciudad de Libertador General San Martín se la conoce por el nombre del ingenio azucarero del que depende su economía: Ledesma. Hace 41 años la dictadura cívico militar, con la cooperación de la empresa, realizó un operativo en el que durante siete noches consecutivas cortó la electricidad de la ciudad -y de Calilegua y El Talar, dos pueblos vecinos- para secuestrar a más de trescientas personas, de las que 33 fueron desaparecidas. Quedó en la memoria como La Noche del Apagón.

Al cumplirse un nuevo aniversario, organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas, sociales, gremiales y estudiantiles marcharon este jueves los siete kilómetros que separan las dos localidades y terminó con un acto en la plaza central de la ciudad. A las consignas de Juicio y Castigo a los responsables militares y sus cómplices civiles, este año se sumó el pedido de libertad a Milagro Sala y el resto de los presos políticos de Jujuy, contra la criminalización de la protesta y las organizaciones sociales y sindicales y el reclamo contra el avasallamiento del sindicato de trabajadores azucareros de la empresa de la familia Blaquier. También sumaron un fuerte repudio ala Corte Suprema de Justicia por el fallo del 2×1.

La jornada comenzó con un acto frente al penal de mujeres de Alto Comedero donde están presas Sala y las integrantes de la Tupac Amaru Gladys Diaz, Mirta Guerrero, Mirta Aizama y Graciela Lopez. La diputada del Parlasur, a través de un mensaje de audio estuvo presente en el acto. También Alberto Cardozo, otro de los presos políticos de Gerardo Morales y Mauricio Macri, envió un mensaje grabado.

“Lamento mucho este año no estar marchando en la movilización de La Noche del Apagón. Se que hay muchísimos compañeros que han venido de otros lados, muchísimos jujeños que no van a permitir que haya ni olvido ni perdón. Tengo claro que estoy presa gracias a Blaquier, que hoy el payaso de Blaquier es Gerardo Morales y le pido a la juventud que defienda nuestro país, nuestra patria y nuestro Jujuy que es el que nos necesita”, dijo Sala en el mensaje que grabó en la cárcel.

Y concluyó con una arenga a los jóvenes. “Compañeros, fuerza y a seguir marchando por nuestra dignidad y por los 30 mil compañeros desaparecidos”.

La movilización fue encabezada por los organismos de derechos humanos y repudió los secuestros masivos cometidos en las noches de la última semana de julio de 1976. En el acto central reclamaron por el fin de la impunidad civil, empresarial y eclesiástica; por cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas; por el juicio para el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su ex adminitrador Alberto Lemos, ambos cómplices civiles de la dictadura en Jujuy. Y reclamaron justicia para los 30.000 desaparecidos.

En el acto recordaron que el Apagón fue para avasallar los derechos de los trabajadores. “Todos los dirigentes gremiales y luchadores sociales habían sido secuestrados dejando a los obreros completamente desamparados, producto también de la imposición del terror”, completaron.

Pero también las consignas y los discursos denunciaron la persecución actuales a sectores sociales, sindicales y políticos opositores al gobierno de Morales y Macri. “En la época de la dictadura con la complicidad del Ingenio Ledesma, de Blaquier, han secuestrado a los obreros que luchaban por reivindicaciones laborales. Hoy esto se recrudece y se vuelve a poner en el tapete la relación de la empresa contra los trabajadores. Hay una complicidad entre los empresarios y la corporación judicial para ir en contra de los derechos de los obreros, con la flexibilización laboral en marcha”, resumió Inés Peña de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy.

Uno de los ejes de la jornada fue la situación del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) que está acéfalo desde hace un mes porque el Ministerio de Trabajo de la Nación se niega a reconocer las elecciones de autoridades. El sindicato ya había denunciado la judicialización y la criminalización de la actividad sindical en mayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, donde expusieron que los dirigentes son perseguidos por la justicia por realizar reclamos gremiales. Lo mismo le plantearon a los expertos de la ONU cuando visitaron Jujuy.

“Hoy la patronal se siente respaldada por las políticas del Presidente y del Gobernador de la provincia y están dispuestos a encarcelar a los dirigentes sindicales y sociales poniendo todo el sistema judicial y laboral a favor de la patronal”, reclamó Rafael Vargas, secretario general del SOEAIL, que participó de la marcha. El sindicato que conduce también es querellante en el juicio por crímenes de lesa humanidad por el secuestro de trabajadores en el Apagón de Ledesma.

Juicio y Castigo

“Por una justicia independiente en Jujuy; repudio a la justicia jujeña por garantizar la impunidad en la noche del Apagón; repudio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por beneficiar durante este gobierno a los genocidas; libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos”, fueron las consignas de la marcha que tuvieron como destinatario al poder judicial .

El principal reclamo de los organismos es hacia el Tribunal Oral Federal de Jujuy, que integran Mario Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz, que en diciembre pasado postergaron el inicio del juicio por los hechos de La Noche del Apagón. La suspensión de ese proceso por el que las víctimas esperan justicia desde hace más de cuatro décadas fue para sentar en el banquillo a Milagro Sala, acusada por el gobernador Morales.

A la Corte también le reclamaron que hace dos años tiene en su poder un recurso para decidir sobre la falta de mérito que benefició a Carlos Pedro Blaquier, que fue dictada por la Sala IV de Casación Penal, la misma que agravó la pena contra Milagro Sala por un escrache con huevasos a Morales del que no participó ni ella ni su organización.

Paula Álvarez Carreras, abogada querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad denunció que “la impunidad se reedita en democracia”, habiendo pasado 41 años del golpe cívico militar. Y destacó que la Corte Suprema de Justicia no resuelve si Blaquier y Lemos conocían o no la situación, ni la responsabilidad que les compete por el uso de las camionetas de la empresa durante esas noches de julio de 1976 y la finalidad última de ese uso.

Además, recordó que la Corte no demuestra urgencia para resolver sobre la libertad de una presa política y remarcó que los cortesanos están más conmovidos por la avanzada edad de los que torturaron y desaparecieron personas, “a quienes ya benefició para que vuelvan pronto a sus casas o para que recuperen su libertad”, remarcó.

Y concluyó: “El retroceso es vergonzoso para un país que en otros momentos fue ejemplo y referencia internacional en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.

“Después de 41 años de lucha de los organismos de derechos humanos y de haber intentado llevar a buen puerto las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia, nos encontramos con el mismo escenario de los poderes económicos, los poderes reales, dominando toda la escena del país y utilizando las fuerzas represivas para controlar la lucha social y a los trabajadores porque ayer como hoy el modelo que se está implementando en el país es el de una economía conservadora neoliberal y por lo tanto de exclusión.”, resumió Juan Manuel Esquivel, diputado del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular.

El acto de la marcha se realizó en la plaza central de Libertador San Martín. Allí se hizo también un homenaje a Rita Cordero de Garnica, una de las mujeres secuestradas durante el Apagón, cuando su marido Agustín Donato Garnica, fundador del sindicato de zafreros de Ledesma, estaba preso. El 20 de julio de 1976, en los camiones del Ingenio Ledesma los militares se llevaron a ella y sus hijos Miguel Angel y Domingo Horacio. Rita estuvo secuestrada seis meses, los hijos aún permanecen desaparecidos. Su marido pasó siete años en la cárcel.

“Es un ícono de la lucha contra la impunidad”, dijo Inés Peña. “Una de las representantes de la lucha contra la dictadura y contra la impunidad civil y empresarial”, la recordó Inés Peña.