El proyecto de reforma laboral consensuado entre el gobierno y la CGT ingresó al Senado de la Nación en la noche del último viernes. Bastante antes habían empezando a surgir convocatorias que apuntaban a rechazarla. Surgieron pronunciamientos de las regionales de la CGT de las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, esta última en conjunto con la CTA provincial. La crítica apuntaba al borrador que circuló desde el lunes 30 de octubre, tras el discurso del presidente Mauricio Macri en el que no mencionó la reforma laboral como sus objetivos de gobierno tras las elecciones.
Por el lado de la resolución de medidas de acción, el puntapié inicial lo dieron los estatales de ATE nacional y la CTA Perón que, junto con la Coordinadora Sindical Clasista, que agrupa a dirigentes del Sutna (Neumático), AGD-UBA y Sitraic (Construcción); y los referentes de otras fuerzas sindicales de la izquierda como el Rubén «Pollo» Sobrero, secretario general de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Daniel Yofra, de la Federación de Aceiteros) y los referentes de la CCC, CTEP y Barrios de Pie. Todos ellos convocaron a una movilización para el 6 de diciembre contra lo que denominaron el «Pacto» o «agresión concertada» de Macri y la CGT.
Los convocantes señalaron que se movilizarían al Congreso en caso de que se adelantara el tratamiento del proyecto, algo que podría suceder esta misma semana. ATE Nacional dispuso un paro de actividades para el 6 de diciembre y el Sutna lo fijó para el día que se trate el proyecto en el Congreso.
Tanto la CTA liderada por Hugo Yasky como la que conduce Pablo Micheli también definieron movilizarse el día en que el proyecto se trate en el Congreso, cosa que ratificaron una vez conocido el proyecto de consenso que calificaron de «traición».
Y el último jueves se sumó Pablo Moyano, secretario gremial de la CGT, quien participó de una convocatoria en la sede de la CGT, en la calle Azopardo, para manifestar su rechazo a la reforma, a pesar de que su hermano menor Hugo (h) participó de la negociación en carácter de abogado de la central obrera. Bajo el lema de conformar un bloque de «Resistencia multisectorial», el dirigente camionero y secretario gremial de la CGT llamó a agrupar gobernadores, intendentes, representantes de pymes, cooperativistas, organizaciones sociales y hasta representantes de la Conferencia Episcopal que acaba de renovar sus autoridades. En la actividad del jueves estuvieron presentes referentes de la Corriente Federal de Trabajadores, que agrupa a los dirigentes sindicales referenciados con el kirchnerismo y que integran la CGT. Ese espacio se reunirá mañana para definir la fecha de su movilización. Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica, dijo a este diario que «vamos a tratar de marchar con todos los que creen que hay que rechazar la reforma, sea con las CTA o los sindicatos de la CGT. Pablo Moyano expresó que va a movilizar el día que se traten las reformas. Más allá de los cambios que haya introducido el gobierno, ese reformismo lo plantea en un esquema que ataca el trabajo».
Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, detalló: «Vamos a parar el día que se trate, que podría ser el próximo 23. Rechazamos la reforma no como dirección del sindicato sino como trabajadores. Ningún trabajador puede estar a favor de esta reforma. Los que la pactaron ya no pertenecen a las filas de los trabajadores. Si pararan y movilizaran todos los sindicatos, podríamos parar la reforma». «
Gremios simplemente inscriptos, en alerta
Una reunión convocada por la Asociación Gremial Docente de la UBA, y a la que asistieron representantes de una veintena de sindicatos simplemente inscriptos, puso de relieve los riesgos que enfrentan estas organizaciones luego de que el presidente Mauricio Macri apuntara contra las organizaciones sindicales que no discuten paritarias, dejando entrever que habría algún tipo de iniciativa oficial tendiente a su eliminación.
En rigor, la reunión sirvió para mostrar los distintos mecanismo que ya utiliza el Estado para perjudicar la vida interna de estos sindicatos, desde el no reconocimiento de sus autoridades legítimamente elegidas, hasta la «pérdida» de los libros contables.
En el encuentro realizado en la tarde del viernes pasado los convocados definieron acciones frente a lo que consideraron una ofensiva ilegalizadora del gobierno. Así, el encuentro resolvió realizar «un urgente relevamiento de distintas situaciones que configuran un ataque a la autonomía de las organizaciones sindicales: dilaciones injustificadas en la certificación de autoridades, en la aprobación de los libros contables, etc», según expresó Ileana Celotto, secretaria General de AGD-UBA.
Celotto señaló que «el Ministerio de Trabajo quiere desplazar a los sindicatos que enfrentamos a la reforma laboral y reforzar el unicato de la burocracia sindical como parte del acuerdo Macri-CGT».
