Es un error referirse al Grupo Clarín como un multimedios. Se trata, en realidad, de un conglomerado empresarial con intereses diversificados. El grupo posee medios de comunicación, claro, pero también opera en logística, industria, servicios y telecomunicaciones. Sus principales accionistas poseen, además, emprendimientos agropecuarios, inmobiliarios y financieros. Casi no hay sector de la economía en el cual el Grupo no tenga intereses, directos o indirectos.

La confusión de considerar a Clarín sólo como un multimedios fue alimentado por el propio Grupo, que se sirvió de eso para denunciar cualquier intento regulatorio como un atentado a la libertad de expresión. En el pasado, esa ventaja le permitió obtener posiciones dominantes y monopólicas, como ocurrió en el mercado de la televisión por cable, donde ostenta el 70% del negocio. Por obra y gracia del gobierno macrista, la avanzada se extenderá ahora al mercado de las telecomunicaciones.

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Según cómo se hagan las cuentas, la fusión con Telecom le permitirá a Clarín operar entre el 30 y el 50% del mercado de telefonía, fija y móvil. No es casual que el gobierno haya concedido ese formidable negocio justo antes de la campaña. Los mal pensados sostienen que fue un modo de garantizar una cobertura mediática favorable durante la etapa proselitista. De haber sido así, no hacía falta tanto: Clarín tiene igual o más interés que el gobierno en evitar una buena elección de Cristina Fernández.

Hay otra explicación para esa coincidencia temporal: lo trascendente suele pasar inadvertido bajo el humo de la pirotecnia de campaña. La noticia económica del año se perdió en la catarata de tinta dedicada a chicanas, anuncios demagógicos y operaciones judiciales que alfombran el ríspido camino hacia octubre.

El ruido preelectoral silenció el nacimiento de un monstruo. El ex juez cordobés Miguel Rodríguez Villafañe, pionero en investigar crímenes de lesa humanidad, compartió esta semana un texto plagado de alertas. “En la Ciudad de Córdoba, un 95% de la conectividad a internet dependerá de un solo prestador: Telecom (Arnet)-Fibertel”, afirma el constitucionalista. Y advierte que ese “monopolio horizontal y vertical” le permitirá a Clarín “manipular los contenidos, imponer precios y afectar gravemente la pluralidad” de información.
El periodista Ari Lijalad descubrió que los medios del Grupo ya capturan el 20% de la pauta oficial. Es, por lejos, el más beneficiado. Sólo en el primer semestre de este año, el gobierno le concedió 349 millones de pesos en publicidad. El significativo aporte del macrismo contribuye a financiar la expansión de Clarín.

En los ’90, el grupo mexicano Molotov explicó con una metáfora sencilla qué les ocurre a las sociedades que le otorgan más poder al poder. La advertencia vale, también, para los gobiernos. «