Con motivo de las demandas y necesidades del colectivo LGTBI en su conjunto, marcada por la exclusión y la imposibilidad del acceso a la salud, la educación y el trabajo, más de 30 legisladores de la Ciudad de distintos bloques presentaron un proyecto de ley para garantizar derechos en el ámbito del trabajo para las personas travestis, transexuales y transgénero.

El proyecto requiere necesariamente que un porcentaje de los puestos de trabajo en el sector público de la Ciudad se destine a la incorporación de personas travestis, transexuales y transgénero. Pero además, apunta al sector privado, para que todas empresas abran una contratación. Así, ambos sectores, tanto público como privado, deberían promoverían la igualdad de oportunidad de trabajo para todos y todas.

En un fragmento del proyecto, se asume el problema de vulnerabilidad extrema a nivel nacional: «En nuestro país, la comunidad travesti, transexual y transgénero se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente en materia de acceso a la salud, educación y particularmente el trabajo. Esta realidad está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, con muchas dificultades para obtener derechos para la igualdad de oportunidades y de trato. La mayoría de ellos/as vive en extrema pobreza,privados/as de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales. En muchos casos, siendo expulsados/as desde niños/as de sus hogares y del ámbito escolar.»

El consenso viene con historia. Había llegado en la comisión de Derechos Humanos en marzo del año 2017 sobre proyectos anteriores, de los entonces legisladores María Rachid (FPV), Maximiliano Ferraro (CC ARI), Daniel Lipoveztky (PRO) y Pablo Ferreyra (FPV); y que se sintetizó en otro proyecto que encabezaron el diputado Carlos Tomada y Maximiliano Ferraro junto a otros diputados y diputadas de nueve bloques parlamentarios, que perdió estado parlamentario en diciembre de 2017.

De la redacción del escrito participaron los legisladores Carlos Tomada, (Unidad Ciudadana) y Maximiliano Ferraro, (Vamos Juntos). Como coautores, figuran Victoria Montenegro de Unidad Ciudadana (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos), Andrea Conde (presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia). Otros legisladores como Diego de Garcia de Garcia Vila (Vamos Juntos), la legisladora de Suma +, Maria Patricia Vischi y el legislador del Partido Socialista, Roy Cortina y diputadas y diputados de los bloque Vamos Juntos, Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, Frente de Izquierda y los Trabajadores, GEN, Mejor Ciudad, Suma +, y Partido Socialista.