A pesar de las 20 denuncias que realizó la comunidad campesina de Jocolí, a 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza, contra la empresa Texone por los violentos ataques que recibieron en los últimos años, será un grupo de 10 campesinos los que irán a juicio oral.

Así lo denunció la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Cuyo, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena.

En un comunicado publicado este jueves, la organización señaló al fiscal Juan Manuel Bancalari, de la Fiscalía de Instrucción 16, quien “en una clara actitud parcial y discriminatoria, pidió se eleve a juicio Oral a 9 campesinos y 1 campesina de Jocolí, acusándolos de amenazas agravadas, uso de armas y daño”.

Según la denuncia que realizó la empresa Texone, que dice haber adquirido un porcentaje de esas tierras, un grupo de campesinos amenazó y echó del campo a trabajadores de la empresa. La acusación de la empresa prosperó rápidamente, no así las más de 20 denuncias que la comunidad campesina realizó desde 2013 por agresiones, intentos de ingresos nocturnos, amenazas, rotura y robo de alambrados de tierras donde esa comunidad vive y pastorea animales desde hace mas de dos generaciones.

“Los vecinos de la comunidad campesina han denunciado insistentemente a los empresarios inescrupulosos de la Empresa Texone y su apoderado, el ex subcomisario Esteban Rivas, quienes de manera mafiosa y violenta hostigan a la comunidad desde hace varios años, intentando apropiarse ilegalmente del campo. La empresa no cuenta con títulos de propiedad ni planos de mensura, pero si con dinero para contratar matones y abogados. Mientras que Rivas y los suyos portan armas de fuego, el fiscal pone la atención en el cuchillo que llevan en la cintura los campesinos cuando recorren el campo en sus caballos”, señalaron.

Por estos motivos, las comunidades denuncian al fiscal Bancalari por su parcialidad. “Exigimos que el fiscal sea apartado de la causa e investigado por su accionar y que el poder judicial investigue como es debido la situación, además de que se desestime este escandaloso juicio en el cual las víctimas se toman como victimarios para habilitar los negocios ilegales de estas empresas y condenar además a que las familias campesinas queden sin su tierra para vivir y trabajar”, manifestaron.