La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se asumió como “imputada” en la causa en la que se investiga el origen del dinero que le fue sustraído de su domicilio la noche en que Cambiemos ganó el balotaje presidencial. Mediante un escrito presentado en la víspera al juez federal Ariel Lijo, la número dos en la sucesión presidencial designó como abogados a Alejandro Perez Chada, Anabella Mazzanti y Santiago Rozas Garay, vinculados con el estudio Pérez Chada, que defiende al presidente Mauricio Macri en varias causas.

Tras la designación, Rozas Garay se presentó ante el juzgado y tomó contacto con la causa 9938/16, caratulara “Michetti Gabriela s/averiguación de delito”.

Bajo el título de “Derecho del imputado”, el artículo 73 del Código Procesal Penal establece que “la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles”. 

El artículo 104 del mismo Código, por su parte, precisa que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial”. Ese paso procesal es el que cumplió la vicepresidenta en las últimas horas.

Rozas Garay es un abogado de bajo perfil mediático pero muy relacionado con causas importantes del fuero penal en los últimos años. Por vía indirecta, la relación llega hasta el Grupo Clarín. Además, fue -por ejemplo-, co-defensor del ex director de la fábrica militar de Río Tercero Jorge Cornejo Torino, condenado a 13 años de prisión por la explosión de esa guarnición, en el contexto del tráfico de armas a Ecuador y Croacia por el que está condenado el ex presidente y actual senador Carlos Menem.

Últimamente su nombre apareció asociado a un escándalo deportivo. Rozas Garay es el patrocinante del representante legal de Boca Juniors, Osvaldo Tévez, a quien le fue rechazada la pretensión de ser tomado como querellante en la causa por la suspensión de un superclásico por Copa Libertadores, a raíz del gas pimienta arrojado por el supuesto barra brava Adrián «Panadero» Napolitano.