La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, no será querellante en el juicio en el que un policía metroplitano será juzgado por presuntamente robarle 245 mil pesos y 50 mil dólares de su casa, en el barrio porteño de Balvanera. La causa ya está en camino al debate oral, pero Michetti no se presentó como «parte querellante» pese a que, resulta evidente, es la «particular damnificada»: el dinero era suyo, o se lo habían prestado, o lo había recaudado para la Fundación Suma, que preside. En cualquier caso, se lo sustrajeron a ella. Pero pese a que debería ser la primera interesada en que el ladrón (sea el policía acusado u otra persona) vaya preso y en recuperar lo sustraído, no pidió ser tenida como «parte» ni tampoco impulsó la acción civil dentro de la penal. Es decir, no reclamó la devolución del dinero.

A menudo la acción penal y la civil van de la mano en un mismo proceso. Uno de los casos más resonantes en los que ocurrió ello fue en el juicio oral por la tragedia de Cromañón. Michetti no hizo ni una, ni la otra cosa. Su accionar en la causa se limitó a la denuncia que formuló al día siguiente del robo, y a la declaración testimonial que prestó en el marco de la primera etapa de la investigación. Nada más.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

El policía David Juan Pablo Cruzado espera por el juicio. Está hoy separado de la fuerza; cobra un porcentaje de su sueldo básico porque no fue dado de baja, está sometido a un sumario administrativo que casi no ha avanzado en estos meses y su defensa presentó un planteo para que la causa cambie de tribunal. Hasta ahora, está previsto que el juicio oral por el delito de «hurto agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad» (una figura que contempla penas de hasta nueve años de prisión) sea celebrado por el tribunal oral en lo criminal número 29 de la Capital Federal, integrado por los jueces Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Juan María Ramos Padilla.

Pero la defensa de Cruzado sostiene que debe intervenir un tribunal oral federal. ¿Por qué un tribunal federal para un caso de hurto como tantos otros? Porque el 21 de septiembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia resolvió, en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que no podía descartarse que el deceso estuviera relacionado con su función de integrante del Ministerio Público que, además, estaba investigando el atentado contra la AMIA. Así, la Corte le sacó la causa a la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini y se la mandó al federal Julián Ercolini. Porque el muerto, entendió a modo de hipótesis, no es el «ciudadano» Nisman sino el «fiscal» Nisman.

Sobre esa interpretación de la Corte se basó la defensa de Cruzado: quien sufrió el robo pudo no haber sido la «ciudadana» Michetti sino la «senadora» por entonces, o «vicepresidenta electa» desde esa noche, Gabriela Michetti.

¿A qué apunta esa estrategia? Lo primero que surge es que el juicio no se hará hasta que esa cuestión sobre quién debe intervenir esté definitivamente zanjada. El expediente parece tener destino de Corte Suprema.

Pero si la causa pasara al fuero federal, entonces Cruzado podría pedir la «conexidad» con la causa que tiene a su cargo el juez federal Ariel Lijo, en la que investiga el origen del dinero sustraído. Si bien se trata de hechos escindibles (el hurto, por un lado; de dónde provenía el dinero, por el otro), lo cierto es que se trata de un único dinero.

¿Pero ese es el único dinero, con esas características, que circuló por la casa de Michetti? Cruzado y otros compañeros de su fuerza fueron custodios de Michetti. Saben, conocen cómo eran los movimientos. Puesto como «parte» en un expediente en el que él está acusado por «hurto» pero la «hurtada» es investigada por lavado de dinero, su campo de acción para la defensa se amplía significativamente.

Además, la causa de Lijo está sin movimientos desde el 29 de diciembre desde el año pasado. Ya declararon todos los testigos propuestos por Michetti, el juez recibió todos los informes que pidió, varios titulares de fundaciones presentaron abogados defensores. La instrucción, en este punto, no tiene medidas pendientes. El juez está en condiciones de decidir si sobresee a Michetti por inexistencia de delito, o la llama a indagatoria.«