Sentada en medio de su marido y su abogado, Milagro Sala tomó notas en un cuaderno marrón mientras los testigos, sus compañeros de luchas de ATE CTA, José Del Frari, Nando Acosta y Anabel Yacianci reclamaron por el respeto al derecho a la protesta. Aún sin el veredicto por el juicio por el escrache a huevazos a Gerardo Morales, la justicia contravencional de Jujuy dio inicio al segundo juicio contra la dirigente social Milagro Sala por una protesta. Los defensores de la diputada del Parlasur, Ariel Ruarte y Luis Paz pidieron incorporar como testigos al titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yaski, al secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz, Horacio Pietragalla, la referente de DD HH en Jujuy, Inés Peña.

El debate ante el Juzgado Contravencional N° 1, a cargo de Matías Ustarez Carrillo, designado por Morales en enero, comenzó con un reclamo de la defensa de Sala. “Quiero señalar la desproporcionalidad del operativo policial realizado a efecto de cuidar no sé qué cosa que ha dispuesto el juzgado. Vamos a solicitar que sea adecuado a las circunstancias, porque esa desproporcionalidad nos parece ofensiva cuando nosotros hemos manifestado públicamente que hicimos el acampe y que hemos dicho que lo que hoy vamos a hacer es discutir la constitucionalidad del derecho a la protesta”, reclamó el abogado Luis Paz.

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En la calle, cerca de un centenar de policías, nueve patrulleros y un vallado metálico cercaron el edificio durante las dos horas que duró la audiencia. Con corte de calle incluido, todo ese ejército de efectivos provinciales retiraron a la diputada del Parlasur en medio de un despliegue de vehículos y movimientos tácticos desplegados a lo largo del cordón policial de setenta metros. Poco menos de un centenar de personas miraba el acting desde la vereda de enfrente.  

El juicio se realizó en una sala minúscula. La prensa fue ubicada en el balcón, igual de ajustado.

-¿Recuerda el acampe que se realizó entre el 14 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2016?, preguntó Ruarte.

-Si. Yo estuve. Por eso me sorprende que la acción sea sobre Milagro y la Tupac, porque estaba la Red de Organizaciones Sociales, no solamente la Tupac, respondió Del Frari, secretario general de Adiunju, el gremio de docentes universitarios de Jujuy.

-¿Porque participó?

-Porque como compañero me parecía que debía estar, y mi organización Adiunju revolvió participar. Nos parecía triste el atropello que se estaba haciendo contra las organizaciones sociales.

Como todos los testigos hicieron hincapié en el derecho a la protesta. Y explicaron que el acampe fue realizado luego de que el gobernador Morales se negara a atenderlos. Y que la decisión se tomó en asamblea. “La decisión era exclamar a las autoridades. El corte de calles fue colateral: nadie votó ir a cortar calle. Se votó ir a peticionar”, remarcó.

-¿Por qué la plaza Belgrado?– retomó la defensa.

-Desde los ’90 es el lugar natural de expresión del pueblo jujeño, para la alegría y para lo que no es alegría.

El abogado y diputado provincial Ariel Ruarte explicó que la defensa no discutirá los hechos. El acampe se hizo, fue una protesta. “Venimos a sostener la legitimidad de la manifestación pública. Por eso trajimos a un conjunto de militantes sociales para que expliquen como se construye el consenso de una organización numerosa por la que se llevó adelante la protesta. Las decisiones no las toma el dirigente, sino que las acata”, explicó.

En el mismo sentido, como abogado de la Tupac, Paz explicó que en la audiencia “a este juez Contravencional, designado por Morales para perseguir a las organizaciones sociales de Jujuy, le debería haber quedado claro que la protesta es un derecho constitucional que tiene mas de 50 años de vigencia en la República Argentina y que vamos a seguir ejerciéndolo en todo momento y en todo lugar donde existan injusticias”. Y al igual que Fernando Acosta dijo en la audiencia, remarcó que el acampe fue generado “por el silencio de las autoridades”.

La causa contra Milagro comenzó durante el acampe, cuando en enero el juez Ustarez Carrillo ordenó desalojar la plaza con el argumento de que se estaba cometiendo una contravención. Los manifestantes se negaron y apelaron a su derecho a reclamar: pedían una reunión con el gobierno. El pedido, pasado un año completo, no fue contestado. A pesar que en el acampe participaron diecisiete organizaciones sociales y decenas de dirigentes, los únicos llevados al banquillo fueron la Tupac Amaru y Milagro Sala.